La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, envió su comparecencia por escrito desde el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha, donde se encuentra en prisión preventiva, a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
El abogado Julio Hernández Barros señaló que este martes vencía el plazo de siete días, para que Robles comparezca ante la Sección Instructora personalmente o mediante escrito, luego de que fue notificada la semana pasada como parte del juicio político que se inició en su contra.
Asimismo desde el pasado 3 de diciembre la Sección Instructora cuenta con un periodo de 30 días naturales para la presentación de pruebas y para que realice su indagatoria. Como parte de la diligencia, “a la denunciada se le recordó que tiene derecho de acreditar un abogado para su debida defensa”.
Al respecto Hernández Barros confirmó que un representante de la ex funcionaria presentó el escrito esta mañana en el recinto legislativo. “El proceso para presentarse de manera personal lo puede hacer en cualquier momento durante la etapa probatoria, no era necesario hoy, sólo este día venció el término para responder a la acusación que le hacen algunos diputados y lo realizó conforme a la ley, por escrito, pero ella tiene la posibilidad de comparecer si así lo desea, aunque no ha definido si lo hará o no, pero la decisión está abierta, el proceso es largo”.
El abogado comentó que en el documento Robles Berlanga resalta una serie de violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso “totalmente errático, selectivo porque la acusación se basa fundamentalmente en la obra periodística (de un portal de noticias).
“En esa obra ella no es ni siquiera es la responsable principal, al contrario se mencionan muchas instituciones federales y estatales, así como autoridades, y resulta que selectivamente los legisladores sólo deciden abrir juicio político contra ella que es la única que está en prisión, que es la única mujer de todos los involucrados y esos despierta suspicacias de que se trata de una venganza política, basada en una grave discriminación de género” añadió.
La ex secretaría de Estado lleva cuatro meses en prisión preventiva luego de que el pasado pasado 13 de agosto fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 5 mil millones de pesos destinados a programas sociales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
