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La Jornada

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de minoría en contra de la llamada Ley Antifacturera, que tipificó como graves varios delitos fiscales, equiparándolos a delincuencia organizada y sujetando a quienes los cometan a prisión preventiva de oficio.

En el acuerdo de admisión, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, dispuso que esta acción se acumule a la que, por el mismo motivo, interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a principios de este mes, lo cual significa que ambos asuntos se asignarán a un mismo ministro para su estudio y análisis.

Los senadores, integrantes de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, impugnan concretamente las reformas a la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de noviembre de 2019.

Al admitir a trámite este juicio, la SCJN notificó al Poder Ejecutivo y al Legislativo federales para que, en un plazo de 15 días, respondan por escrito a la demanda, aportando los elementos que permitan iniciar el periodo de instrucción para su resolución.