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La Jornada / César Arellano García

El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, tramitó un juicio de amparo contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la ley de Austeridad Republicana y contra la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020.

El académico y funcionario electoral interpuso la demanda el pasado 2 de enero en el Juzgado Decimotercero de Distrito en materia Administrativa con sede en Ciudad de México.

Sin embargo, la juez Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez rechazó conocer el asunto y ordenó remitir el expediente a la Oficina de Correspondencia para que sea turnado al juzgado respectivo, pues argumentó que este juicio de amparo reúne las características para que sea resuelto por los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, del primer circuito.

Entre los actos que reclama, según el expediente, es “que la normatividad y actos de aplicación constituyen un sistema normativo integral que altera sustancialmente el sistema de remuneraciones de los servidores públicos y en consecuencia, las funciones como servidor público responsable de ejecutar los recursos presupuestales concernientes al pago de remuneraciones y prestaciones laborales del Instituto Nacional Electoral, a partir de la aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación».

Incluso solicitó la suspensión de cualquier sanción administrativa o penal de los actos reclamados, es decir, entre otros, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política mexicana, así como del Código Penal Federal.