La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, señaló que el pago de adeudos de los Estados a la Federación deben estar incluidos en los convenios de colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar.
La legisladora, integrante de la Comisión de Salud, destacó que el pago de adeudos fue uno de los puntos que quedaron pendientes en la reforma con que desapareció el Seguro Popular y se creó el Insabi.
Tagle expuso que los convenios deben considerar el criterio del pago de adeudos, a fin de garantizar más eficacia en el gasto.
«Es importante que uno de esos criterios esté ligado a la eficacia y eficiencia con que los Gobiernos estatales operaron recursos del Seguro Popular, y una planificación para este año que permita la cobertura progresiva de servicios de salud de acuerdo con las capacidades instaladas en cada Estado.
«De otra manera, los recursos que son escasos se ponen donde no habrá un uso eficiente y planificado para atender las necesidades de salud de las personas en cada entidad, y dependerán de la cercanía que los Gobiernos estatales tengan con el Gobierno federal», explicó la diputada.
Recordó que durante la discusión de las reformas para crear el Insabi una de las críticas que se hicieron fue justamente la falta de criterios para bajar los recursos del Instituto a los Estados.
Todo ha quedado a la discrecionalidad de los convenios que se acuerden en cada Estado, dijo.
Tagle agregó que otro tema que se debe revisar, porque quedó en el aire, es que también el Gobierno federal tenía adeudos o recursos comprometidos con los Estados del Fondo de Gastos Catastróficos para infraestructura y atención de tercer nivel.
Destacó que ese dinero no había bajado porque había un proceso de certificación de los servicios prestados en los Estados.
«Estamos hablando de una cantidad similar a la que se tomó del Fondo, ahora llamado de Salud para el Bienestar, para la operación del Insabi», destacó sobre los 40 mil millones de pesos que se transfirieron para el Instituto.
Martha Tagle opinó que no puede haber un borrón y cuenta nueva sobre los adeudos acumulados.
«Definitivamente no. Se trata de recursos públicos, para los que hubo presupuestos estatales o federales etiquetados.
