La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados emitió opinión positiva al proyecto de decreto de adición a la Ley General de Salud en materia de interrupción legal del embarazo y salud sexual y reproductiva, para permitir a las mujeres de todo el país ejercer ese derecho cuando se cumplan doce semanas de gestación.
El documento fue elaborado en la Comisión de Salud, y al ser propuesto a la Comisión de Igualdad y Género, ésta se pronunció por garantizar los derechos sexuales y reproductivos y pugnar por una libertad de conciencia y que las instituciones de salud realicen sin objeción la interrupción legal del embarazo a las mujeres que así lo soliciten.
“Coincidimos con esta propuesta, toda vez que abona al avance de los derechos de las mujeres y en lo establecido en diversos tratados y criterios de órganos internacionales”, refirió la presidenta de ese grupo de trabajo, Wendy Briceño.
La adición a la Ley General de Salud contiene modificaciones para que las instituciones de salud cuenten con personal no objetor de conciencia para llevar a cabo este procedimiento, el cual deberá ser hasta las doce semanas de gestación.
Y quienes soliciten la interrupción del embarazo se les otorgue consejería médica y social con información veraz y oportuna. Una salvedad también se anota en los artículos transitorios de la ley al establecerse que se derogan todas las disposiciones que se opongan al decreto una vez entrado en vigor.
En el encuentro, la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez (Morena) abundó en torno a los perjuicios sociales del aborto clandestino, pues continúa causando una de cada 13 muertes maternas; no obstante, en la Ciudad de México después de su legalización no ha reportado ninguna defunción a casa de este procedimiento.
A decir de la legisladora, las persistentes restricciones legales en el país ponen en riesgo a las mujeres y los profesionales de la salud al ser criminalizados y perseguidos penalmente, por lo que es ineludible tomar una visión de progresividad en la defensa de los derechos humanos de quienes optan por realzar la interrupción del embarazo.
La oposición a esa postura provino de Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN), quien reitero que el primer derecho a la persona es la vida y, por tanto, se debe trabajar y legislar en la prevención del embarazo adolescente y los no deseados; a través de la impartición de educación sexual, paternidades responsables y mejorar los procesos de adopción.
Por el partido Encuentro Social, Adriana Paulina Teissier Zavala también reprochó el contenido del proyecto de dictamen porque todo individuo tiene derecho a la vida y “el aborto es la muerte de un ser vivo y constituye la intención de acabar con una vida humana.”
La sesión del grupo de trabajo osciló entre los argumentos a favor y en contra por tanto la diputada morenista Sandra Paola González Castañeda adujo que en un país –como México- donde el embarazo infantil ocupa el primer lugar en el mundo, es urgente realizar una política pública que brinde esta atención médica.
A ello se sumó Cynthia López (PRI) porque es urgente atenderlo, una vez que miles de mujeres han solicitado su legalización y con ello evitar los abortos clandestinos, los cuales se realizan en lugares sin higiene y control sanitario.
No obstante, del lado panista Sylvia Violeta Garfias replicó que con esta reforma se atiende la consecuencia no las causas, porque una verdadera política pública no busca dar respuesta paliativa. “No se trata de un tema moralista, sino de derechos manos”.
Y su compañera emitió consideraciones políticas a un asunto de salud pública, Sarai Núñez Cerón consideró que la interrupción del embarazo es claramente un homicidio intrauterino. “No es posible que en un país bañado en sangre e impera la cultura de la muerte se insista en proceder a favor del aborto, nuestra obligación como diputados es proteger el derecho a la vida”.
Y el desgaste panista continúo a decir de Madeleine Bonnafoux porque “un derecho humano no puede pisar otro derecho humano y aclaró que nadie quiere que mueran mujeres en abortos clandestinos, por lo que pidió solucionar la razón de origen y no la consecuencia.”
En su turno Martha Tagle de Movimiento Ciudadano, salió en defensa del texto porque la vida de las mujeres depende de una legislación que garantice sus derechos, por lo que la interrupción legal del embarazo permitirá que aquellas mujeres que lo realicen de manera segura y con instalaciones de parte del Estado.
Y así, Clementina Dekker (PT) adelanto su respaldo a la adición porque el embarazo no es un problema de salud sino el aborto clandestino; estamos hablando de garantizar la salud a las mujeres de México. “Aquí hay mujeres que formamos parte de un grupo parlamentario con una ideología y otras que aún a pesar de su opinión personal tienen que votar en contra de una opinión, en contra de un dictamen, y eso es muy respetable”.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas Baca (PAN) aseguró que los cambios y la lgalización del aborto no mejoran las cifras de bienestar de las mujeres en situación de embarazo. “Las principales causas de mortalidad materna en México es el aborto con el 9.2 por ciento, las enfermedades hipertensivas del embarazo 20.5 por ciento, y hemorragia, parto puerperio con el 14.3 por ciento”.
En respuesta, Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) exigió que el derecho a la maternidad debe ser voluntaria y no se puede seguir criminalizando a las mujeres por decidir si están dispuestas o no a la maternidad. “No es posible que una mujer cuando llega con un tema de aborto a un hospital en lugar de que sea atendida se la llevan a la cárcel”.
Finalmente, al someterse a votación, la mayoría de integrantes de la comisión, se manifestaron a favor de implementar esa medida en el ámbito federal.
