RICOS Y PODEROSOS
SAT: campaña antievasión fiscal
Marco A. Mares
La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, conocida por su firmeza como la fiscal de hierro, advirtió que pondría la “lupa” sobre los grandes contribuyentes, para obligarlos a que realicen el pago completo de sus obligaciones fiscales.
Y apenas a unos días de distancia, de que lo anticipó, ha comenzado a cumplirlo.
Los grandes contribuyentes son aquellos que registran operaciones superiores a 1,500 millones de pesos.
Son las más grandes y poderosas compañías y consorcios empresariales del país.
Y en ese universo de contribuyentes, Buenrostro ha ubicado una enorme área de oportunidad para aumentar la recaudación, sin realizar una reforma fiscal.
La jefa del SAT asegura que hay 1 billón 145,000 millones de pesos de personas físicas, pero sobre todo morales, que recurren a litigios y amparos para no pagar lo que por ley les corresponde.
Son contribuyentes que violentan la norma para salir favorecidos; así se acostumbró por décadas.
Esa cantidad está en disputa y equivale a todos los programas sociales prioritarios del actual gobierno, por casi seis años.
O al presupuesto del sector salud por año y medio (considerando IMSS, ISSSTE y SSA).
O al presupuesto de educación por dos años, incluyendo el presupuesto destinado a las entidades federativas.
Ésa es la magnitud de los impuestos que no pagan los grandes contribuyentes. La diferencia del porcentaje que pagan los contribuyentes cautivos, respecto de lo que pagan los grandes contribuyentes, es superlativa. Raquel Buenrostro asegura que una persona física asalariada paga 35% de sus ingresos mientras que los grandes contribuyentes sólo pagaron en promedio 2.2% entre el 2013 y el 2018. Casi 2 millones de personas morales aportan más de 70% (73%) de la recaudación total.
Y de ese universo, sólo 12,000 concentran 60% de la recaudación total. La fiscal de hierro ubica ahí una enorme oportunidad para aumentar los ingresos del gobierno federal.
Lo anunció y lo está cumpliendo.
Y su actuación, como era de esperarse, está provocando efectos indirectos; fuertes impactos en el valor de las acciones que están siendo requeridas para que paguen los impuestos que presuntamente no han pagado.
Ayer la cadena comercial más importante de México, Walmart, registró un fuerte descalabro en el precio de sus acciones en el mercado bursátil con un descenso de casi 4% (3.73%) como consecuencia directa del reclamo que le hace el SAT del pago de impuestos por 10,559 millones de pesos, por la venta de la cadena de restaurantes Vips a Alsea, hace casi seis años.
De acuerdo con la nota del reportero de El Economista José Antonio Rivera, la pérdida en el valor de las acciones de la cadena de autoservicio en términos nominales representa un monto por casi 38,000 millones de pesos, casi tres veces la cantidad que busca cobrarle en impuestos el SAT.
En los últimos días, el SAT les entregó sendos oficios de liquidación a Alsea y Maxcom.
Y América Móvil aclaró que a fines del 2019 realizó de manera voluntaria su cambio de régimen fiscal.
Dejó atrás el régimen opcional y pagó de manera inmediata y no diferida 8,289 millones de pesos de impuestos.
No parece una estrategia ejemplar, como las que se han registrado en distintas etapas del pasado reciente en las que se escogía personalidades del ambiente artístico o de otras actividades para lanzar el mensaje de una política fiscal más fuerte.
Es decir, parece que no serán sólo casos aislados. Por lo que ha dicho la jefa del SAT, se trata de cerrar la pinza de la lucha anticorrupción con una política de cero impunidad.
En ese objetivo el SAT está trabajando coordinadamente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto, y la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval.
Veremos qué tanto el SAT logra aumentar la recaudación por ésta vía. Todo indica que no tendrá consideraciones por más poderosos que sean los grandes contribuyentes. A ver.
Tomado de El Economista.
