La aerolínea Interjet se desistió de una demanda de amparo promovida en julio de 2019 contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en esas fechas decretó el embargo de sus bienes y designó a una interventora por deudas acumuladas de IVA que sumaban 549.2 millones de pesos.
El juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa decretó el pasado lunes el sobreseimiento del amparo, luego de que Interjet se desistió el pasado 12 de febrero, sin que se hubiera llegado a dictar sentencia sobre la legalidad de la actuación del SAT.
El escrito de desistimiento de la empresa no es público, y los quejosos en un amparo no tienen que dar explicaciones para retirar su demanda.
Se desconoce si la aerolínea llegó a algún arreglo o negociación con el SAT, que todavía puede condonar impuestos, pues no se ha publicado la reforma constitucional para eliminar esta figura.
Para agosto de 2019, el monto actualizado de IVA que Interjet retuvo a sus clientes entre 2013 y 2017 sin haberlo informado al SAT ya era de 726 millones de pesos.
El SAT decretó el embargo de Interjet el 26 de junio y un día después designó a América González Ávalos como depositaria de la empresa e interventora con cargo a la caja.
Entre el 27 de junio y el 10 de julio, cuando Interjet promovió el amparo contra la intervención, González Ávalos destinó 30.8 millones de pesos de los ingresos de la aerolínea para los pagos al SAT.
La jueza Alma Delia Aguilar concedió el 19 de julio una suspensión para levantar la intervención, pero sujeta a que la aerolínea garantizara ante el SAT un monto equivalente a 10 por ciento de su ingreso mensual, lo que la empresa rechazó por poner en peligro su viabilidad.
La garantía exigida por la juez no fue presentada, por lo que la suspensión contra la intervención no surtió efectos.
Como opción para evitar el embargo, la empresa ofreció en garantía un inmueble conocido como San Lorenzo o Puerto Balandro, ubicado en La Paz, Baja California Sur, que valuó en 999.2 millones de pesos. Esta oferta también había sido rechazada por el SAT.
