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La Jornada / David Brooks, corresponsal |

 La apelación del fallo negando la libertad bajo fianza de Genaro García Luna fue rechazada por un juez federal en Brooklyn, dejando con ello al ex secretario de Seguridad Pública en la cárcel en esta ciudad mientras procede el proceso judicial en su contra por tres delitos federales relacionados al narcotráfico que podrían culminar en una condena de cadena perpetua.

Al rechazar la apelación sobre el fallo emitido por un magistrado a fines de marzo negando la libertad bajo fianza, el juez federal Brian Cogan reafirmó los argumentos de la fiscalía y del juez magistrado de que García Luna representa un “riesgo de fuga” inaceptable, a pesar de la propuesta de una fianza de 2 millones de dólares y de los argumentos de la defensa de que permanecería en el país para enfrentar su proceso judicial.

El acusado representa un serio riesgo de fuga y tiene acceso a recursos financieros; el peso de la evidencia en su contra es fuerte; y carece de ligas a esta comunidad”, escribió en su decisión Cogan emitida la noche del domingo, enfatizando que ya que enfrenta una condena de prision tal vez perpetua, “hay un fuerte incentivo para huir” si es dejado en libertad bajo fianza.

Cogan, el mismo juez que presidió el juicio del Joaquín El Chapo Guzman Loera, abundó en que la evidencia en contra de García Luna incluye la de varios “testigos cooperantes” incluyendo ex integrantes de alto rango del cartel de Sinaloa quienes testificarán que Garcia Luna “aceptó millones de dólares en sobornos a cambio de su protección de las actividades de narcotráfico”.

Por todo ello, y por debilidades en el paquete de fianza, Cogan afirma el fallo del magistrado negando la libertad bajo fianza. Más aún, tambien negó la solicitud de la excarcelación temporal del acusado ante la crisis de salud publica encontrando que no hay evidencia ofrecía de que padece de una condición respiratoria crónica y que las instalaciones en donde se encuentra detenido ha implementado medidas para reducir el riesgo de infección. “La orden de detención permanece en efecto”, concluyó Cogan.