Legisladores de Morena propusieron reformas para dar «oxígeno» de liquidez a gobiernos estatales y municipales, ante la carencia de recursos extraordinarios para atender la pandemia de Covid-19 y la crisis económica en sus regiones.
Con la propuesta se podrá contratar deuda en forma más flexible, así como aplazar y renegociar pagos de intereses.
También se prevé la medida de alargar el plazo para gastar las transferencias federales y no caer en responsabilidad ni regresar el dinero a la Federación.
Una de las medidas más importantes es que las entidades y los municipios podrán disponer de recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender la emergencia sanitaria.
También habrá flexibilidad para que haya contratación de servicios profesionales en las áreas de seguridad pública y personal médico y paramédico.
Las reformas son propuestas por el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, y el senador del mismo partido Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, con una iniciativa registrada ante la Mesa Directiva.
Aunque no hay sesiones del pleno por la contingencia, la propuesta busca atender los problemas de liquidez de los gobiernos locales, que han exigido ayuda al Gobierno federal.
La propuesta modifica la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con la que se ha tratado de controlar el nivel de endeudamiento de los gobiernos locales, que en el 2016 llegó a 654 mil millones de deuda, y para el 2019 se redujo a un monto de 604 mil millones.
«La presente iniciativa busca fortalecer las opciones de los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y los entes públicos con el objetivo principal de su reactivación económica y de manera paralela implementar medidas que coadyuvan a las estrategias que dichos gobiernos han promovido, ante la situación de emergencia que enfrenta México y su transición sea ágil», indica la reforma.
En el tema de transferencias, la reforma prevé en artículos transitorios que las entidades podrán devengar y pagar las transferencias federales etiquetadas del ejercicio fiscal 2019, a más tardar en septiembre del 2020.
A su vez, las transferencias federales etiquetadas del ejercicio fiscal 2020 podrán devengarse y pagarse a más tardar el 30 de junio de 2021.
Ello les da margen para gastar los recursos federales primero en la atención de la emergencia sanitaria y luego en la reactivación económica.
«Se amplía el margen de maniobra de las entidades federativas y municipios, con la finalidad de que puedan destinar recursos adicionales a gasto corriente y en materia de servicios personales, para la atención de la contingencia sanitaria», se explica en la propuesta.
También se puntualiza que se autorizará por Hacienda las posibilidades de renegociar la deuda de los estados y municipios, como otra alternativa de aliviar.
«Para la atención de la contingencia, las entidades federativas podrán negociar con las instituciones financieras las condiciones de sus créditos, de tal manera que los pagos de capital e intereses puedan diferirse hasta por un período de 6 meses durante el ejercicio fiscal de 2020», propone la reforma.
Indica que de manera adicional se prevé la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda pueda autorizar montos adicionales al techo de endeudamiento para las entidades federativas, con la finalidad de estar en condiciones de atender la contingencia sanitaria y en el marco de la estrategia de reactivación económica.
La propuesta añade que para fortalecer a la inversión en la infraestructura, se prevén excepciones en la realización de procesos competitivos.
Es decir, no tendrán la obligación de pasar por un proceso de licitación pública aquellos financiamientos que se contraten para infraestructura.
En tanto, para lo municipios se abre la posibilidad de acceso a financiamiento con esquemas globales, a fin de fortalecer su desarrollo.
«La banca de desarrollo ha identificado que es importante fortalecer el acceso a financiamiento de municipios con mayor rezago institucional, toda vez que es complejo dar cumplimiento a todos los requisitos previstos en la normatividad de disciplina financiera.
«En tal sentido, sin eliminar algún principio fundamental de disciplina financiera, se facilita el acceso a financiamiento a municipios tomando como referencia su población, con la figura de esquemas de financiamiento global», expone.
Se debe cumplir con componentes que garanticen proyectos con impacto social y económico generando empleo y de manera directa ingresos adicionales a los gobiernos locales, siempre respetando el principio de acceso al financiamiento en las mejores opciones del mercado.
