Es fundamental que en los países haya continuidad en las políticas de transición energética ya que los cambios abruptos pueden socavar los logros, así como desalentar la inversión y la innovación tecnológica que se requiere, advirtió María del Pilar Rodríguez Ibáñez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), al participar en el ciclo de conferencias organizadas por el Programa de Estudios sobre América del Norte (PEAN) de la Universidad Veracruzana (UV).
La tarde del lunes 25 de mayo, la Coordinadora de la Maestría en Derecho Energético y Sustentabilidad de la UANL dictó la conferencia “Mecanismos de apoyo a la transición energética en Norteamérica”, a través de la plataforma digital Zoom.
Comentó que la energía es un componente altamente valioso e importante para la economía de los tres países que conforman la región norteamericana: Canadá, Estados Unidos y México; cada uno ha implementado diversos mecanismos de apoyo a la transición energética para lograr la reducción de emisiones y generar energía limpia.
“No hay un mecanismo de apoyo que por sí solo pueda garantizar la consecución de estas metas, sino que se requiere del balance en la combinación de políticas o estrategias distintas que consideren diferentes mecanismos de apoyo a la transición energética.”
María del Pilar Rodríguez explicó de manera detallada la manera en que los gobiernos de estos tres países han implementado diversos programas de apoyo a proyectos que impulsen la transición energética.
Canadá cuenta con un sistema de comercio de emisiones y un plan de crecimiento limpio, así como de cambio climático, que se desarrolla en las provincias y territorios, el cual fue consultado a las comunidades indígenas, sociedad civil y empresas.
“La fijación del precio al carbono es reconocido por el gobierno como una de las formas más efectivas, transparentes y eficientes para reducir las emisiones, ya sea en forma de impuesto al carbono o por medio de un sistema de comercio de emisiones.”
A partir de estas medidas, Canadá se ha planteado como meta para 2030 la reducción del 30 por ciento de los gases efecto invernadero.
Rodríguez Ibáñez mencionó que Estados Unidos cuenta con políticas de energía renovable que son aplicadas en 29 estados y el Distrito de Columbia, y un financiamiento directo del gobierno federal a través del Programa 1603, que provee de apoyos en efectivo a proyectos de energías renovables.
A marzo de 2018, el programa desembolsó 26 billones de dólares para financiar a 109 mil 766 proyectos que produjeron suficiente energía limpia para proveer de electricidad a 8.5 millones de hogares. Estados Unidos se ha constituido en el líder tanto de capacidad instalada como de generación de energía renovable.
“Este programa y otros mecanismos han podido transformar la matriz energética, pasando ahora a depender más del gas natural para generar energía eléctrica; también registra un crecimiento notable de las energías renovables y una disminución del uso del carbón.”
Con respecto a México, la investigadora de la UANL dijo que las metas nacionales de energías limpias están contenidas en la Ley de Transición Energética y en las subastas.
El país depende en un gran porcentaje (75.88 por ciento) de los combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, y el 24.12 por ciento se compone de energías renovables y otros tipos.
De tal manera, la Ley de Transición Energética pretende aumentar la participación de las energías limpias en la generación de energía; para 2018 se pretendía una participación de 25 por ciento; para 2021, se prevé un 30 por ciento, y para 2024, del 35 por ciento.
Las subastas eléctricas han sido un mecanismo exitoso en el país, son licitaciones en donde distintos generadores compiten por vender energía al suministrador del servicio básico, que en este caso es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El país ha tenido tres subastas: en 2015, fueron aprobadas 17 centrales solares y eólicas, con una inversión estimada de dos mil 600 millones de dólares; en 2016, fueron 56 proyectos de energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica y ciclo combinado, con una inversión aproximada de cuatro mil millones de dólares, y en 2017 fueron 15 nuevas centrales, nueve fotovoltaicas y seis eólicas.
Con el cambio de gobierno, destacó, no se llevó a cabo una cuarta subasta eléctrica, y hasta hoy no se ha reactivado este instrumento regulador que había tenido buenos resultados en el país.
“Por la naturaleza de largo plazo y alto capital que tienen los proyectos energéticos, es fundamental la continuidad en las políticas de transición energética ya que los cambios abruptos pueden socavar los logros que se hayan alcanzado, y desalentar la inversión y la innovación tecnológica que se requiere para lograr la transición.”
Por: Paola Cortés Pérez
