De los Ángeles a los Demonios

 

Dra. Denisse de los Angeles Uribe Obregón

Magistrada del H. Tribunal Superior de Justicia

 

 

El impacto de la pandemia en la desigualdad social

(Segunda parte)

 

Tal como se abordó en la primera parte de esta columna publicada el 15 de junio, la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) ha acentuado la desigualdad social que se vive a nivel mundial y nacional, evidenciando problemas históricos y estructurales, como los relacionados con la fragilidad de los sistemas de salud pública y la pobreza extrema.

De acuerdo con Naciones Unidas, los países en vías de desarrollo, así como aquellos que se encuentran en situación de crisis, sufrirán el mayor deterioro, junto con los grupos más vulnerables, es decir, los comerciantes informales, las mujeres, las personas con alguna discapacidad, los refugiados y desplazados, así como las personas que padecen estigmatización.

El coronavirus está dejando al descubierto las inequidades existentes, pues irrumpió en un momento en el que más de la mitad de la población carece de servicios sanitarios esenciales. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo cerca de 100 millones de personas se están viendo empujadas a la pobreza extrema por no poder costear atención médica, toda vez que la cobertura del sistema de salud presenta una fuerte segregación vinculada al nivel de ingresos de los hogares.

La Organización Internacional del Trabajo estima que la mitad de la población activa podría perder sus empleos en los próximos meses. En relación a nuestro país, la primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI en el mes de abril, registró una variación a la baja de 12 millones de personas económicamente activas, quienes en su mayoría se encuentran en estado de suspensión laboral temporal a causa de la cuarentena, además se presentó un incremento en la subocupación laboral, asimismo la tasa de informalidad tuvo una disminución importante respecto del mes anterior.

Aunado al incremento en los índices de pobreza y desempleo, la pandemia está sacando a la luz las brechas educativas no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial, pues de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 86% de niños en edad escolar en países con un bajo nivel de desarrollo se han quedado sin acceso a la educación, frente a un 20% que ha sufrido vulneración a este derecho en países con un nivel de vida alto, por lo que el organismo señalado estima la probabilidad de que se registren tasas de no escolarización no vistas desde la década de los ochentas.

Esta situación además ha contribuido a acentuar la brecha digital, pues el 86% de la población mundial no cuenta con una conexión fiable a internet, en nuestro país el porcentaje de los hogares que no tienen acceso a este servicio es de 43.6% según datos del INEGI, lo cual dificulta que estas familias puedan realizar actividades académicas y laborales vía remota.

Tal como ha señalado la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, la pandemia evidenció brechas y carencias del sistema de salud del régimen de bienestar, así como las debilidades históricas del sistema productivo, en virtud de lo anterior el citado organismo regional propone la creación de un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza durante seis meses para toda la población que enfrenta esta condición en 2020.

Las acciones que sean impulsadas en el corto y mediano plazo deberán ejecutarse a través de esfuerzos coordinados al interior de nuestro país, pero también de manera multilateral, asimismo deberán ser tomados en cuenta los grupos y zonas más vulnerables para encaminarnos a una verdadera igualdad sustantiva.

En este sentido Achim Steiner, Administrador del PNUD, afirmó recientemente que, sin el apoyo de la comunidad internacional, existe el riesgo de que se reviertan enormemente los logros alcanzados en las últimas dos décadas, y que se pierda toda una generación, ya sea en vidas o en derechos, oportunidades y dignidad

Si bien el reto inmediato es frenar la propagación del virus, tanto los Estados como la comunidad internacional deben acelerar la ejecución de políticas públicas que contrarresten los daños económicos y sociales para limitar los impactos negativos de la pandemia; la crisis debe transformarse en una oportunidad para transitar hacia una cultura de la protección de los derechos humanos y de la igualdad.