Maricarmen Gómez Santiago, alumna de Doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), se pronunció porque el Estado adopte medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, implementando medidas legislativas que modifiquen prácticas jurídicas y den acceso efectivo, legal y justo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la segunda mesa de análisis jurídicos que lleva a cabo el IIJ, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, realizada el martes 23 de junio, se abordó “El derecho frente a la maximización de la violencia de género producida durante la emergencia sanitaria por Covid-19”. Ahí, la estudiante de posgrado planteó su reflexión acerca de las medidas adoptadas para el acceso a una vida libre de violencia en México durante la actual emergencia sanitaria.
Mencionó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la violencia contra las mujeres como un grave problema de salud pública, así como una violación a los derechos humanos de las mujeres; la misma organización señala que cifras recientes muestran que a nivel mundial una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, mientras que América Latina (AL) se caracteriza por los altos índices de violencia generalizada, especialmente por razones de género, etnia o por los flagelos de la corrupción e impunidad.
Bajo este contexto, Gómez Santiago consideró que la pandemia por Covid-19 supone desafíos aún mayores para los estados de las américas, tanto en términos de políticas públicas y medidas sanitarias, como incapacidades económicas que permitan poner en marcha medidas de atención y contención –urgentes y necesarias– para proteger a sus poblaciones.
Por su parte, Raymundo Pérez Hernández sostuvo que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo, pero en cambio su visualización y reconocimiento sí lo es, pasando de ser un asunto privado a un problema social del orden público que ha captado el interés jurídico, y en la actualidad forma parte de la agenda política, es un problema social que ha sido de interés para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG), activistas, defensores de los derechos humanos, académicos y para la sociedad en general.
En tanto, Marcela Alejandra Aguilar Vergara buscó visualizar la problemática de violencia de género durante la pandemia, problema que afecta a niñas y adolescentes que son víctimas de violencia por algún familiar, así como las mujeres adultas que la sufren por parte de su esposo o acompañante.
La violencia de género fue analizada por Raymundo Pérez Hernández, bajo la metodología de la sociología jurídica
“La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que en México la violación y violencia contra las mujeres representa una tercera parte de las causas más importantes de la morbilidad y mortalidad de este género, y como resultado de los crecientes números probatorios mundiales ha empezado a dar mayor prioridad a los programas del ámbito público, así como a reconocer que los esfuerzos para mejorar el bienestar de las mujeres son limitados”, expuso la estudiante.
Violencia contra la mujer por razones sexistas
María del Carmen Aguilar Vergara opinó acerca de las razones sexistas o basadas en su género, situado éste en el contexto del patriarcado que sostiene la inferioridad u obligación de la mujer, “acción que no sólo es reproducida por el hombre, sino que se da también por la misma mujer”.
Consideró que la violencia contra la mujer está presente en todos los grupos sociales, no es privativa de personas de bajos recursos ni de determinada raza o países subdesarrollados, “está arraigada en todas las culturas y todas las sociedades, y esto contribuye a la instauración de estereotipos de género que en su mayoría mantienen valores patriarcales en sociedades con un modelo hegemónico de masculinidad. La violencia contra la mujer es un instrumento universal del patriarcado para sostener los privilegios masculinos”, indicó.
La también estudiante del Doctorado en Derecho, María del Carmen Celis Pérez, presentó la numeralia de casos y procesos jurídico–penales; mencionó que el problema de la violencia no es privativo de Veracruz, sino del país en general.
Dio a conocer que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a nivel nacional se han incrementado los delitos del ámbito sexual como: abuso, acoso, hostigamiento sexual y violación; dijo que en los dos primeros meses de 2020 existían cinco mil 239 carpetas de investigación, cifra que para marzo se incrementó a cinco mil 786 con delitos como asesinatos, extorsión, corrupción de menores y trata de personas; en tanto, las llamadas al 911 para denunciar casos de violencia contra las mujeres, desde la contingencia se disparó de 21 mil 700 a 26 mil 172.
En el caso particular de Veracruz, también ha ido en aumento la violencia doméstica, que en el lapso mencionado registró 70 agresiones físicas contra mujeres, de las cuales nueve fueron feminicidios, de los que a la fecha suman ya 25.
María del Carmen Aguilar Vergara fue otra de las participantes en la mesa de análisis jurídicos
A su vez, Olivia del Carmen Chávez Uscanga habló de la violencia de género durante el confinamiento; mencionó que este tipo de violencia se da en todas las culturas del mundo e incluye el aborto selectivo por razones de género, la explotación, abuso sexual, matrimonio infantil, mutilación genital femenina, acoso sexual, violencia doméstica íntima, privación de la herencia y los bienes, entre otras más.
Dijo que de acuerdo a cifras pre-Covid del SESNSP, de noviembre de 2015 a noviembre de 2019 se registraron tres mil 578 feminicidios a nivel nacional, y en la actualidad Veracruz está considerado como el estado más peligroso para las mujeres, al registrarse 153 víctimas de feminicidio de enero a octubre de 2019, le sigue el Estado de México con 96 casos en el mismo periodo.
Maribel Pozos Alarcón compartió reflexiones de cómo el aislamiento ocasionado por el Covid-19 ha cambiado la vida de las mujeres, puesto que profesionistas que ejercían dentro del ámbito público se vieron en la obligación de retornar a sus hogares para reemplazar a quienes desempeñaban labores domésticas.
Por último, David Quintano Díaz analizó el tema central bajo la metodología de la sociología jurídica que ayuda a estudiar la violencia de género.
La mesa fue moderada por Karina Nohemí Martínez Meza.
Por: José Luis Couttolenc Soto
