Reforma al Sistema de Pensiones 2020

David quitano Díaz

El crecimiento puede compensar el proceso de concentración. Pero un crecimiento débil no pude compensar demasiado.

  Thomas Piketty

He tenido la oportunidad de dirigir un par de tesis sobre el Sistema de Pensiones en México, en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana (UV), y advierto que es un tema escabroso, pero sumamente interesante.

El mercado laboral no cabe duda que es uno de los tópicos menos tocados en nuestro país, pese a ser quizás el sector más importante en términos de incidencia en la calidad de vida de las personas. La razón en la ausencia de tratamiento obedece al costo político que existe en la configuración de las reformas en una nación que cuenta con mercado laboral rígido.

Precisamente ante ello, hace unos días el Gobierno de la república presentó una iniciativa a fin de atender un añejo anhelo que durante los últimos 15 años se venía revisando de manera somera.

Esta iniciativa complementa el reciente esfuerzo que constituyó la reforma al artículo cuarto constitucional, en el que se estableció el derecho a una pensión a los adultos mayores para cubrir sus gastos básicos durante la vejez.

El Gobierno de la república mediante la reforma, aspira aumentar la pensión que ofrece el Sistema de Ahorro para el Retiro a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las acciones que establecerá la Ley del Instituto ambicionan verse reflejados en un incremento promedio del 42% de la pensión que alcancen los trabajadores.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, explicó que el límite para acceder a una pensión se reducirá de 25 a 15 años (750 semanas de cotización) y la aportación total pasará de 6.5 a 15%, con un incremento en el monto aportado por los patrones que irá del 5.15 a 13.87%.

En primer término, la aportación total para el retiro crecerá, sin que los trabajadores vean afectado su ingreso, de 6.5% a 15% del salario. Según la versión estenografía de la presentación el incremento se llevará a cabo de manera gradual o paulatina a lo largo de un periodo de 8 años, siendo la contribución patronal la que se incrementará de 5.15%, vigente en la actualidad, hasta 13.875%.

En segundo término, esta iniciativa propone reducir de 1,250 semanas a 750 semanas el requisito para obtener una pensión garantizada, y posteriormente se elevará gradualmente, en un periodo de 10 años, a 1,000 semanas.

En tercer término, la reforma quiere fortalecer la pensión garantizada al incrementar el valor de la pensión de un promedio actual de 3,289 pesos (80% de un salario mínimo) a un valor promedio de 4,345 pesos, que se otorgará en función de la edad, las semanas cotizadas y el salario base de cotización, pudiendo llegar hasta el 220% del salario mínimo vigente actualmente.

De acuerdo con la propuesta, se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%, sin que tengan que incrementar las aportaciones. Y aquí viene la interpretación de la propuesta de reforma.

La primera deducción es que a reforma sí puede generar un mayor ahorro interno en el corto plazo, pero puede terminar afectando al empleo formal y el crecimiento económico.

Bajo ese hilo de ideas, el incremento en la aportación del patrón representa el aumento de los costos fijos del empleo para las empresas. Si bien no se aplicará en este año, lo cual sería prácticamente un suicidio por el nivel de actividad económica reflejada en la caída severa de la tasa de crecimiento, esto pone aún más en riesgo la recuperación del empleo formal (porque es más caro).

Además, como menciona la economista Gabriela Siller, es de esperarse que hacia adelante los salarios se ajusten a la baja, afectando al ingreso y por lo tanto al consumo, que representa aproximadamente el 66% del Producto Interno Bruto (PIB) de México

Para los empleos formales actuales la mayor aportación del patrón podría inhibir los incrementos salariales. Para las nuevas contrataciones puede provocar menores salarios.

Además de que la contribución se le adjudica solo al patrón. Al respecto se venía planteando una aspiración que era de pasar de una tasa de remplazo actual promedio de 30% a una de 70%, la actual reforma contempla 40%, en origen el aumento es parcial. El concepto tasa de reemplazo hace referencia a la relación entre el nivel de la pensión y el nivel de ingresos con que se realizaron las aportaciones a lo largo del ciclo laboral del individuo.

En resumen, la reforma sí puede generar un mayor ahorro interno en el corto plazo, pero puede terminar afectando al empleo formal y por lo tanto el crecimiento económico.

Desembocando en diversas situaciones, una de ellas es que las empresas darán de alta a los trabajadores con el menor salario a efecto de no dar más allá del monto menor de aportación de retiro y vivienda, los que gozan de un salario alto, verán modificado este a razón de no perder su empleo.

Actualmente el 42% del total de trabajadores asegurados ante el IMSS, es decir, 8 millones 200 mil, fueron registrados con dos minisalarios durante los últimos 3 años, lo que presenta la cifra más alta para cualquier cierre de año desde 1997, esta situación podría precarizarse más.

En la discusión legislativa se debería reflexionar porqué el aumento de la carga de la seguridad social recae exclusivamente en los patrones. De ser así, solo se pinchará el vehículo generador de empleo existente, al reducir incentivos para generar nuevos puestos de trabajo.

A fin de no extenderme, quiero cerrar comentando queda pendiente el análisis del incremento en el límite de deducciones a las aportaciones voluntarias. De igual forma, la idea de aumentar las pensiones sin políticas que contribuyan a la generación de empleos privados estables y mejor remunerados siempre será incompleta.