Con el tiempo encima, el Senado de la República pretende aprobar la nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, en acatamiento del fallo de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), antes del próximo 15 de diciembre cuando terminará el periodo de sesiones ordinarias en curso.

Por acuerdo de las comisiones unidas de Justicia, Salud y de Estudios Legislativos Segunda fue retirado el dictamen correspondiente que ya había sido aprobado en lo general, el pasado 4 de marzo, y remitido a la Mesa Directiva de la Cámara Alta para su discusión y votación por el pleno cameral; es decir, los senadores reiniciarán el trabajo de negociación en comisiones para confeccionar y aprobar un nuevo decreto, a partir de la inclusión de otras propuestas promovidas a través de iniciativas.

Las comisiones dictaminadoras sesionarán el próximo miércoles 18 de noviembre para conocer, debatir y aprobar el documento en ciernes.

Entre las modificaciones que cuentan con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios representados en el Senado destaca la propuesta de que sea la Secretaría de Salud y no la de Gobernación (Segob) la encargada de delimitar las políticas en la materia, ejercer la rectoría sobre la cadena productiva del cannabis, derivados y consumo.

Se pretende modificar desde el nombre de la nueva ley, dándole carácter federal, y eliminar del ordenamiento jurídico todo lo relacionado al uso medicinal, así como el industrial del cáñamo, y limitar facultades al uso adulto.

El Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis sería el organismo encargado de hacer cumplir la nueva ley.

Se prohibiría el empleo de niñas, niños y adolescentes en cualquier actividad relacionada con la siembra, cultivo, plantación, cosecha, comercio, producción, distribución, suministro, venta y consumo de cannabis.

La persona en posesión de más de 28 y hasta 200 gramos de cannabis psicoactivo, sin las autorizaciones a que se refiera la nueva ley y la Ley General de Salud, será remitida a la autoridad administrativa competente, de conformidad con lo que establece la Ley de Cultura Cívica en la Ciudad de México o su homóloga en las entidades federativas del país, y se le impondrá una multa de 60 hasta 120 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), siempre y cuando no se actualice la figura de delincuencia organizada.

rolando.ramos@nulleleconomista.mx

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