Cámara de Diputados aprobó que todos los usuarios de telefonía móvil deban inscribirse en un registro nacional, donde deberán aportar todos sus datos personales, incluidos los biométricos, como mecanismo para determinar quién es el propietario de la línea y utilizar esa información en investigaciones de secuestro o extorsión.
Durante la discusión de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fue turnada al Senado, se insistió que de las 140 millones de líneas telefónicas que hay en el país, 122 millones están asociadas a teléfonos móviles.
Al no conocerse quién es el propietario o usuario de la línea, así como la facilidad para adquirir un chip o tarjeta Subscriber Identity Module (SIM), se ha incrementado su uso para cometer aquellos delitos.
Con la reforma, quien utilice un teléfono móvil deberá registrar el número telefónico, el número de serie de la tarjeta SIM, nombre, Clave Única del Registro de Población (CURP), código de identidad del aparato, así como el número de identificación oficial.
De no llevarse a cabo el registro, en un plazo máximo de seis meses, se obligará a las empresas operadoras de telefonía a cancelar la línea.
El registro y los datos estarán a resguardo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ante las críticas respecto de que un teléfono extraviado o perdido puede ser utilizado para cometer un crimen y ello podría relacionar al propietario con un delito, se acotó que en esos casos se ordenará la suspensión y bloqueo de la línea.
