El dictamen para reformar el outsourcing en México, que ya fue remitido al Ejecutivo Federal para su proceso constitucional, modifica la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Insituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional y la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución.

Más temprano y luego de tres horas de posicionamientos, todos en pro, los senadores avalaron este dictamen en lo general con 118 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.

Con esta reforma se da paso al cambio en el uso del outsourcing para que las empresas sólo puedan utilizar este modelo en caso de que haya especialización.

Las organizaciones que tengan personal contratado por esta figura, tendrán tres meses para hacer una contratación directa de toda su plantilla laboral; de lo contrario puede hacerse acreedora a multas.

Entre los cambios centrales se destaca: prohibir la subcontratación de personal, entendiéndose ésta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra; permitir la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos y siempre que el contratista esté registrado en un padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Asimismo, las empresas de subcontratación que busquen el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social; que quienes realicen y presten servicios de subcontratación de manera irregular sean sancionados con severidad tanto en el ámbito administrativo como en el penal.

Que no produzcan efectos fiscales de deducción los pagos o contraprestaciones realizados por subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante.

Al presentar el dictamen, el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, argumentó que con la aprobación del dictamen se daría un paso trascendental para evitar la evasión fiscal a través de este sistema de simulación. Además, afirmó, erradicará la desigualdad y la pobreza a la que han sido sometidos las y los trabajadores mexicanos.

En tanto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo que con este proyecto se incorpora una «adecuada regulación a subcontratación laboral, una figura que se había utilizado para simular actos jurídicos en detrimento de los derechos de la clase trabajadora».

“No se desconocen las ventajas importantes que este régimen de contratación laboral genera para el desarrollo de la economía mexicana, pero tampoco se pasa por alto la existencia de prácticas excesivas, abusivas o simuladas en diversos aspectos como la antigüedad laboral, la estabilidad en el empleo, el reparto de utilidades, la seguridad social y el derecho a la vivienda”, dijo.

Con información de Pilar Martínez.

kg

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