Ciencia, tecnología e innovación, en crisis financiera: académico de la UNAM

• Con las cifras actuales, si el Conacyt fuera una empresa estaría al borde de la quiebra, apuntó Roberto Rodríguez.
• La administración federal carece de instrumentos para asignar recursos, señaló Brenda Valderrama, presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos. 

David Sandoval Rodríguez.. 

 El recorte del presupuesto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lo tendría al borde de la quiebra si fuera una empresa, planteó Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su participación en el Foro Interuniversitario “Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda el futuro”. 

El académico participó en el panel “Las bases del financiamiento a las actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI)” con Brenda Valderrama Blanco, presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y Arturo Molina Gutiérrez, académico vicerrector de Investigación e Innovación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. 

El encuentro fue organizado por la UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Guadalajara, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad del Valle de México, Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México, ITESM y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 

Los tres especialistas advirtieron acerca de los cambios que la federación ha realizado al presupuesto destinado al desarrollo científico, que han implicado la desaparición de los fideicomisos y fondos mixtos, además del cambio en la asignación del presupuesto cuyo porcentaje ahora se relaciona con el Producto Interno Bruto (PIB) y no con un presupuesto fijo y establecido. 

El sistema de CTI está atravesando una condición de crisis financiera, subrayó Rodríguez Gómez; “estamos en el punto en que estábamos hace 10 años, nuestro presupuesto –se mida como se mida– equivale al de 2011, pero no estamos en las mismas condiciones que hace 10 años con respecto al número de investigadores, al número de proyectos y ni siquiera al gasto que se requiere para sostener los principales instrumentos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), como son las becas de posgrado y el gasto que se ejerce a través de los centros públicos de investigación”. 

Hay distintas formas de sistematización y registro del gasto en CTI, explicó, la primera corresponde al ramo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que indica el gasto del cual dispone Conacyt para ejercer. 

 En 2021 se le aprobaron 30 mil 291 millones de pesos, de los cuales se dividen en recursos fiscales por 26 mil 500 millones y una estimación de recursos propios por tres mil 700 millones, que se espera obtengan los centros públicos de investigación. 

“No obstante, para este año será prácticamente imposible obtener este recurso, primero por la cancelación de los fideicomisos y en segundo lugar dada la incapacidad de realizar proyectos debido a la pandemia”, recalcó. 

Asimismo, advirtió que esta cantidad equivale a la ejercida en 2011, cuando por otro lado se alcanzó un máximo de 40 mil 600 millones en 2015; por ello, dijo, “es una caída en picada pero no es el único elemento preocupante, sino que la parte más castigada es la que puede ejercer Conacyt restando el dinero que alimenta al SNI, los centros públicos de investigación y las becas”. 

Rodríguez Gómez puntualizó: “Le restan al Conacyt dos mil 500 millones de pesos, cuando en 2014 se tenían 19 mil millones para ejercer y esto es una condición crítica, si Conacyt fuera una empresa estaría literalmente al borde de la quiebra y esto también va a repercutir porque restará recursos de donde sea posible”. 

En el mismo sentido, Brenda Valderrama comentó: “Si hay algo que hemos sufrido terriblemente en los últimos años ha sido la desaparición de los instrumentos; es decir, tenemos dinero pero no tenemos cómo canalizarlo para la solución de los problemas y llevar el conocimiento y desarrollo científico a la sociedad”. 

Respecto a la desaparición de los fideicomisos, mencionó: “Nos quedamos sin los fondos mixtos, que impulsaban el desarrollo regional, pero también sin los fondos sectoriales, por lo que las entidades de la administración pública federal ya no tienen instrumentos para hacer llegar este dinero a los investigadores, se vuelve de facto un tema discrecional y emiten convocatorias a discreción, sin programación, sin temporalidad, sin una finalidad predeterminada”. 

La investigadora consideró que “es un error solicitar un porcentaje del PIB porque se cae en una ambigüedad en la cual nadie se hace responsable de esa inversión, debería quedar en un porcentaje del presupuesto ya que normalmente se asigna el uno por ciento del presupuesto y debería incrementarse, mínimo, al dos por ciento”. 

Arturo Molina coincidió con las opiniones de los investigadores y añadió que “por ley debería de existir en la política pública un financiamiento a la ciencia, tecnología e innovación”. 

Apuntó que en los países donde se invierte en ciencia y tecnología son los incentivos fiscales y de inversión los que permiten la suma de recursos económicos del sector privado para el financiamiento de proyectos de investigación.