De los Ángeles a los Demonios
Dra. Denisse de los Angeles Uribe Obregón
Magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz
Mujeres indígenas y acceso a la justicia
El pasado cinco de septiembre se conmemoró como cada año desde su instauración en 1983, el día internacional de la mujer indígena, fecha que nos invita a la reflexión sobre la situación de desventaja social en la que se ubica este sector de la población y los retos a los que debe hacer frente el Estado mexicano para garantizar sus derechos en un marco de igualdad y respeto.
Como es bien sabido, las mujeres indígenas han desempeñado un papel determinante en la lucha por el reconocimiento de los derechos de sus pueblos y comunidades, sin embargo, históricamente han sufrido una triple discriminación: por su género, por su origen étnico y por su condición social.
De acuerdo con estadísticas del INEGI, 47% de las mujeres indígenas enfrentan rezago educativo, 78% tienen carencias relacionadas con la seguridad social y el 66% no tiene acceso a servicios básicos; en general, el CONEVAL señala que, el 69.5% de este grupo poblacional vive en condiciones de pobreza, en contraste con el 39% de la población que no pertenece a una etnia.
Las cifras son alarmantes, a pesar de que las brechas han logrado acortarse de manera paulatina como resultado de una lucha que continúa vigente, aún queda mucho camino por recorrer para garantizar a estas comunidades una vida más equitativa y libre de discriminación.
En el marco de las reivindicaciones históricas que lograron materializarse a través de la Reforma constitucional de 2002, se estableció el reconocimiento de su derecho a la libre determinación, categoría que incluye la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos.
El texto constitucional señala expresamente que tales sistemas deben respetar las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.
No obstante lo anterior, el derecho de acceso a la justicia también implica acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, para lo cual es sustancial que las y los juzgadores conozcan y consideren su cultura y cosmovisión.
Para garantizar esta consigna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado e implementado dos importantes documentos: el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas.
Estos manuales tienen como propósito hacer frente a la discriminación estructural y coadyuvar a que las mujeres indígenas accedan a la justicia en forma plena y en condiciones de igualdad desde una doble perspectiva: de interculturalidad y de género.
Los logros son significativos, pero aún se requiere mucha capacitación en la materia, además de colocar la protección de los derechos humanos de las mujeres indígenas al centro de las políticas públicas para evitar que sufran discriminación al interior de sus comunidades como resultado de prejuicios patriarcales y fuera de ellas como consecuencia de la aplicación de mecanismos inadecuados e inaccesibles.
Redefinir la relación entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas no es una tarea sencilla, sin embargo, existen importantes avances; actualmente se encuentra en proceso de aprobación una Iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano a través de la cual se propone la necesidad de incluir en nuestra Constitución la categoría jurídica de estos pueblos como sujetos de derecho público.
La propuesta también plantea garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas y afromexicanas en condiciones de igualdad en todos los ámbitos, además de establecer su derecho de acceso a una vida libre de violencia y discriminación.
A través de este tipo de acciones implementadas por el Estado y con la participación activa de los pueblos originarios será posible lograr un verdadero cambio de paradigma que derribe las barreras sociales y económicas que históricamente han impedido alcanzar el desarrollo en igualdad de condiciones.
De los Ángeles a los Demonios
Denisse de los Angeles Uribe Obregón nació el 6 de noviembre de 1983 en la ciudad de Coatzacoalcos Veracruz, cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Anáhuac de Xalapa, realizando estudios de Maestría en Administración Pública en esta casa de estudios, en convenio con la University of California y la Universidad de Santiago de Compostela, España.
Es Doctora en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y cuenta con una Certificación en Inglés Avanzado por la Universidad de Cambridge, así como diversos cursos y diplomados en materia jurídica.
En el ámbito académico además de participar como Ponente en cursos y talleres, se ha desempeñado como Catedrática en la Universidad Anáhuac y en la Universidad de Xalapa; ha escrito y publicado tres libros y escribe una columna semanal titulada “De los Ángeles a los Demonios”, publicada en diversos medios de comunicación.
En su experiencia judicial se encuentra el haber colaborado en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Uribe Obregón también se ha desempeñado como Asesora Jurídica del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; del H. Congreso del Estado de Veracruz y del Senado de la República, además de haber colaborado en la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Ha sido Jefa de Inspección y Tramites Notariales en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías, así como Visitadora Adjunta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Actualmente se desempeña como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.
