Alonso Urrutia.
EFoto Víctor Camacho / Archivo,
Tras concretarse el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE) por un monto de 4 mil 913 millones de pesos, el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova sostuvo que esta determinación de los partidos mayoritarios en la Cámara de Diputados, pone en riesgo la realización del proceso de revocación de mandato para 2022. Ante esta coyuntura, anunció que el INE adoptará las decisiones administrativas correspondiente y utilizará los recursos jurídicos a su alcance para inconformarse con la determinación.
A través de un mensaje en redes sociales, Córdova sostuvo que “no será el INE el que limite o conculque a la ciudadanía su derecho a participar en democracia”. Reprochó que los diputados federales hicieron caso omiso de la información que el Instituto les entregó para justificar el monto solicitado, por lo que determinaron un ajuste de la cuarta parte del gasto operativo que había solicitado el Instituto.
El consejero recordó que este es el cuarto año consecutivo en el que la Cámara de Diputados determina un ajuste presupuestal al INE, incluido en el año fiscal que corre, a pesar de que se realizaba la “elección más grande de la historia”. Incluso, añadió Córdova, se negaron los recursos para realizar la primera consulta popular promovida por el Jefe del Ejecutivo.
La aprobación del ajuste presupuestal al INE “es reflejo de una total incomprensión de los argumentos de consejeros del INE y la negativa de partidos políticos que avalaron el recorte a analizar la información que en todo momento el INE ha entregado y explicar a los legisladores este recorte pone en riesgo la organización de revocación de mandato que, paradójicamente está siendo promovido por la misma mayoría legislativa”.
“El INE no pretende bloquear ejercicios de democracia participativa, como hay quien sostiene. No es el INE quien obstaculiza la ampliación del derechos políticos de la ciudadanía sino todo lo contrario el INE ha tomado ya decisiones y previsiones para llevar a cabo la revocación de mandato del titular del Ejecutivo en caso de que así lo solicite la ciudadanía”.
