POR LA VERDAD Y LA CONFIANZA
La denuncia de la violencia femenina: una voz en el desierto
Dra. Zaida Alicia Lladó Castillo

Hace 61 años (un 25 de noviembre de 1960) , se suscitó un hecho en República Dominicana, en el que fueron brutalmente asesinadas las hermanas: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, por el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien duró en el poder 31 años.
La esencia de esa agresión fue eminentemente política, pues ellas eran importantes opositoras al gobierno de ese país. Un régimen caracterizado por los abusos, agresiones y asesinatos a los opositores y por ese motivo, fueron estas detenidas y torturadas en diferentes ocasiones y pese a ese hostigamiento, las hermanas Mirabal- llamadas también “mariposas”-, continuaron su lucha hasta el día en que fueron ejecutadas. Pero su muerte no fue en vano, pues este hecho fue un fuerte detonante que concluyó en la caída de Trujillo, quien es asesinado 6 meses después por sus opositores.
Y fue hasta 1980, en que distintos movimientos feministas de América Latina eligieron esta fecha en honor al sacrificio de las hermanas Mirabal. Años más tarde, en 1999, la ONU se sumó a la semana reivindicativa y declaró el 25 de noviembre como el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer o, mejor dicho, el día de la sensibilización y denuncia de la violencia contra las féminas. Y desde hace 22 años en que fue decretada, los ejemplos de incremento de la violencia contra las mujeres -en todos los órdenes- y los feminicidios en el mundo son hechos que desgraciadamente forman parte de la indignante cotidianidad.
En lo relativo a violencia política de género, si bien es cierto , la historia política del país y del mundo esta colmada de injusticias en contra de las mujeres que incursionaron en este ámbito desde hace casi un siglo, (recordemos en México el primer caso de transgresión de derechos electorales en 1923, con Elvia Carrillo Puerto quien es declarada diputada local electa por el V distrito en Yucatán, que no le fue reconocido su triunfo e incluso fue obligada a huir a otra entidad por las amenazas a su vida y la de su hermano), el acrecentamiento de los índices de violencia política en el país a partir del presente siglo y particularmente en los procesos electorales de los últimos años, han sido verdaderamente graves y trágicos.
Y todo parece suponer, que, a raíz de la reforma constitucional de 2014, en la que se consigue la igualdad política en los cargos de representación en el país- gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y locales, cargos edilicios y de partido-, las agresiones, amenazas y violaciones a derechos políticos de las mujeres se elevaron, a tal grado, que en diversas entidades mujeres candidatas tuvieron que reclamar y demandar seguridad a su integridad física y emocional, ante los órganos competentes. Y por ese motivo, es que el 11 de octubre de 2015, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)–al recibir en mayor número denuncias por violencia política de género–, hizo efectivo el exhorto del Congreso de la Unión, a la Fiscalía General de la República, para que se garantizara : “el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y la seguridad de aquellas que participan en los procesos electorales y, se establezcan mecanismos de denuncias y atención oportuna de situaciones de acoso y violencia en su contra” (Congreso de la Unión).
Sin embargo, a partir de esa fecha, la mayoría de los procesos electorales del país fueron desprestigiados por la violencia y manchados con sangre. Derivado de ello, el 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones legales de distintos cuerpos normativos, relacionadas con Violencia política contra las mujeres en razón de género, así mismo, diversas formas de identificación y medidas de protección, quedando establecido en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, las reformas a los artículos 3º. Fracciones XIV y XV y 20 Bis, en donde se incorpora esta conducta como un delito de carácter electoral. Incluso se elaboró la “Guía para la atención de denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género”, que aunque está dirigida al personal ministerial, igualmente sirve de orientación a las féminas para saber la forma en que puede defenderse.
Sin embargo, la letra en papel no sirve de nada si no se existe la voluntad política de aplicarla y con ello garantizar la seguridad de todos y todas, pero principalmente de las mujeres que son las que han recibido la resistencia de los varones cuando se trata de competir por el mismo cargo. Y para muestra un botón en el proceso electoral 2021, que se ha considerado como el más riesgoso y violento, en lo general, pero especialmente en contra de las mujeres.
De acuerdo con La Observatoria Ciudadana Todas Mx, integrada por más de 150 organizaciones feministas y sociales, haciendo un recuento del pasado proceso electoral (2021), de 35 asesinatos de candidatos, 21 fueron mujeres, es decir, el 60 %. Además de las más de 100 denuncias por otras tipificaciones de violencia entre ellas el acoso sexual laboral. Y los estados con mayor número de reportes son: Puebla, CDMX, Yucatán, Veracruz y Estado de México.
Lo anterior solo nos indica que es necesario tomar medidas urgentes para detener esta inercia. Por eso es muy importante avanzar en la prevención para evitar la violencia en todos los órdenes, y una de las respuestas está en incidir en la cultura familiar, social, y política, orientando a hombres y mujeres -de todas las edades- para que, desde el hogar, la escuela, el trabajo, la comunidad y la acción gubernamental, se puedan transmitir y operar los valores que fomenten la cultura de la igualdad y la equidad entre éstos y se pueda convivir en el respeto y la colaboración.
Y en los escenarios políticos, el que se eviten comportamientos inadecuados en las relaciones entre hombres y mujeres , el que no se observen como enemigos o que sus actos no deriven en competencia desleal, agresión y violencia, es tarea de todos los actores e instituciones (entiéndase partidos políticos y órganos electorales) para evitarlo, y ello se debe regular en su interior para formar a sus integrantes en el conocimiento de la generación de alianzas y de construir lazos basados en la práctica de la inclusión , igualdad, equidad y respeto entre unos y otros.
Y para quienes aún no lo tienen claro, les comento con la mayor sencillez que los conceptos igualdad y equidad no deben verse con prejuicio. La equidad, es compensar o dar lo justo a cada uno y una, lo que por su condición cultural, social, económica y política se merece; y la igualdad, que alude a que ambos tengan las mismas oportunidades géneros -independientemente de su edad, sexo y condición social y económica -, para crecer en el mejoramiento de su calidad de vida, el respeto y el desarrollo. Igualdad y equidad por la que tanto han luchado generaciones de mujeres, y que no se debe desvirtuar por visiones radicales.
No se trata de avasallar un género sobre el otro, ni mucho menos provocar sometimiento dentro del mismo género, se trata de manejar equilibrios en la sociedad, para que las nuevas generaciones se eduquen, vivan y convivan en ese equilibrio y se proyecte en armonía interior y exterior. Esa que tanta falta hace hoy.
Se trata también, de que las voces demandantes y denuncias sean atendidas y los casos se resuelvan, que la justicia se aplique en la misma condición para todos y todas, que se endurezcan las leyes, para evitar la impunidad y se castigue a quien por psicopatología, perversidad o cobardía use la violencia (física, emocional, patrimonial, sexual, laboral, política, etc.,) como método para dirimir las diferencias entre ambos géneros. Por eso este 25 de noviembre, todos y elementalmente todas, debemos reflexionar sobre el tema, y recordar que todo empieza por nosotras mismas.
Porque mucho de la violencia autoinfligida (derivada de la baja autoestima que lleva a provocarse o soportar el daño corporal a sí mismo), intrapersonal (que puede ser sexual, física, psicológica, etc.) y colectiva (que proviene de la cultura de los grupos), está sustentada en la falta educación y de seguridad personal y ello obliga a reforzar la orientación con la intervención de diversas disciplinas en la prevención y tratamiento y el ejercicio de la acción gubernamental en todos los órdenes, porque el problema de la violencia entre géneros y en la sociedad en general, es ubícuo y como tal, está presente al mismo tiempo y en todas partes. Razón de más para hacer algo urgente…YA.
Gracias y hasta la próxima.