Eduardo Murillo.
Perspectiva de la SCJN en imagen de archivo. Foto José Antonio López
El Instituto Nacional Electoral (INE) debe realizar la consulta sobre revocación de mandato, programada para el 10 de abril del año próximo, o de lo contrario podría incurrir incluso en responsabilidades penales, advirtió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Así lo señala el ministro Fernando Franco González Salas, en el acuerdo de admisión de la controversia constitucional que el INE promovió, contra el recorte a su presupuesto de 2022: “Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), así como que se exima al Instituto y a su personal de las sanciones administrativa, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”.
Dicho artículo transitorio de la LFRM advierte que el INE debe hacer “los ajustes presupuestales que fueren necesarios”, para la realización de la consulta.
