Entre los sectores más sancionados son los de servicios financieros y seguros, el de información en medios masivos y los de salud y asistencia social.
Maritza Pérez.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) impuso multas por más de 90 millones 193,016 pesos contra particulares que hicieron mal uso de datos personales de la población.
Entre los sectores más sancionados son los de servicios financieros y seguros, el de información en medios masivos y los de salud y asistencia social, ello a través de 1,930 denuncias contra personas físicas y morales que infringieron la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) en el sector privado y 83 en el sector público.
Del total de denuncias en el ámbito privado, 270 se encuentran en trámite y 1,668 fueron concluidas; en tanto, en el ámbito público, 3 están en trámite y 80 ya se concluyeron.
De acuerdo con los registros del Instituto, los sectores más sancionados son los de servicios financieros y seguros, con 45 millones 924,267 pesos; los de información en medios masivos, con 18 millones 555,615 pesos, y los de salud y asistencia social, con 7 millones 353,508 pesos.
Entre las conductas más frecuentes que son motivo de una sanción, se encuentran: recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del Titular, así como omitir en el aviso de privacidad alguno de los elementos que exige la Ley.
Asimismo, de enero a diciembre de 2021 se instauraron 83 Procedimientos de Imposición de Sanciones y se concluyeron 46 de años anteriores, de los cuales derivaron las multas impuestas por el Inai por la cantidad referida.
Mientras que se iniciaron 278 Procedimientos de Protección de Derechos; de los cuales 143 versaron sobre el derecho de acceso a datos personales, 19 de Rectificación, 106 de Cancelación y 57 de Oposición al tratamiento de los datos. El Inai recordó que en un solo procedimiento se pueden ejercer uno o más de estos derechos.
Los sectores económicos ante los cuales existen mayores inconformidades con la atención a estos derechos, conocidos como ARCO, son el de servicios financieros y de seguros, con 26% de solicitudes de protección de derechos; servicios profesionales, científicos y técnicos, con 18%, y servicios de salud, con 14 por ciento.
