Carlos Slim seguirá sin poder entrar al negocio de TV de paga. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió esta tarde que la Unidad de Concesiones y Servicios deberá establecer un nuevo proyecto que fundamente una autorización o negativa.

La elaboración de un nuevo proyecto se llevará varios meses y, en la práctica, significa que el IFT volverá a votar sobre este asunto cuando muy pronto en el 2023 o quizá en el 2024, dijeron fuentes consultadas por El Economista. Esto significa que Carlos Slim seguirá sin tener acceso a la TV de paga.

Esta es una de las decisiones más importantes para el IFT. Forma parte del diálogo binacional con el Gobierno de Estados Unidos, toda vez que AT&T, una empresa de ese país es jugador relevante en el mercado de telecomunicaciones de México. La posible entrada de Claro TV al negocio de televisión de paga es también un motivo de tensión entre los participantes del lucrativo negocio .

La sesión de ayer del instituto incluyó un debate y un voto sobre un proyecto de resolución que proponía negar una concesión de televisión de paga a la empresa Claro TV del empresario Carlos Slim. Este proyecto fue votado en contra, por tres de cinco comisionados.

La negativa al proyecto fue votada por tres de cinco comisionados que componen el pleno del IFT. Los otros dos comisionados del pleno del IFT votaron a favor de discutir y aprobar el proyecto de resolución que negaba la concesión a Claro TV.

“No hubo un voto negando la concesión. Hubo una mayoría que votaron en contra del proyecto, que fueron tres comisionados. Y sólo dos comisionados votaron a favor del proyecto. Los que votaron en contra señalaron notables contradicciones y deficiencias, además de que contenía dictámenes de un año de antigüedad, pero eso no quiere decir que estén a favor de entregar la concesión, sólo de rechazar el proyecto de resolución», dijo una fuente a El Economista.

En adelante, la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT deberá establecer un nuevo proyecto de resolución, argumentando una autorización o negativa a Claro TV, y éste deberá conseguir la mayoría de votos de comisionados para primero discutirse y luego autorizar o negar la concesión a Claro TV.

Claro TV, cinco años buscando una concesión única para televisión

El 3 de abril del 2019, El Economista adelantó en primicia que Claro TV S.A. de C.V. era la empresa de la familia Slim que en los últimos días del 2018 presentó una solicitud de ingreso al negocio de la televisión y video restringidos ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Claro TV S.A. de C.V. prometió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), todavía en el gobierno del ahora expresidente Enrique Peña Nieto, un incremento de la penetración de Internet de banda ancha y de televisión de paga en el país, a cambio de que el Estado le facilitase una concesión única comercial en la que pueda respaldarse para vender contenidos audiovisuales por todo México y seguidamente de manera empaquetada con otros servicios adicionales como telefonía e Internet.

La compañía —que no hace parte del grupo de empresas consideradas por el IFT como agentes económicos preponderantes de América Móvil (AMX), porque se constituyó recientemente, pero cuyos accionistas en México son Sercotel S.A. de C.V. y Amov IV S.A. de C.V. que sí lo son, pues controlan a Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V. (Telcel)— garantizó una inversión inicial de 6,028 millones 678,884 pesos para sus primeros despliegues de servicios que llegarían a los consumidores a través de la señal del satélite Star One D-1 como primera etapa y después, a través de redes de fibra óptica desde las que enviaría un producto de televisión IP.

La entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes exteriorizó el 20 de noviembre de 2018, casi una semana antes de que concluyera el pasado sexenio, que el regulador IFT concediera la solicitud a esa empresa, porque los argumentos, según la SCT, que Claro TV presentó para incrementar la conectividad de los mexicanos se empataban con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Peña Nieto, en lo que toca a la democratización del acceso a los servicios de telecomunicaciones y también, con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 del mismo gobierno.

Fuentes consultadas dijeron que el IFT ya tenía resuelto un proyecto de resolución hacía un año sobre la petición de Claro TV, y este proyecto se construyó en un momento histórico para el sector mexicano de telecomunicaciones en que coinciden las revisiones y consultas públicas sobre la efectividad de las medidas de preponderancia impuestas a Telmex y Telcel en 2014.

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