La ministra Norma Lucía Piña Hernández hizo público su proyecto de resolución sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR).
En su propuesta, plantea la inconstitucionalidad de una fracción del artículo 24 de la norma impugnada, la cual establece la prohibición de que los ex funcionarios puedan trabajar para las empresas privadas que vigilaban, dentro de un plazo de cuando menos una década.
Piña propone invalidar el segundo párrafo de este ordenamiento, el cual señala: “Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.”
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