El juez federal, Robert Summerhays de Luisiana, frenará al menos temporalmente el plan del gobierno del presidente de Estados Unidos, que iba a acabarse el próximo 23 de mayo.
El juez Robert Summerhays, encargado de la demanda que han presentado los líderes republicanos en 21 estados para frenar el plan de la Casa Blanca sobre el Título 42, dijo en un aviso escrito que planea emitir una orden al respecto.
Dicha orden frenará al menos temporalmente el plan del gobierno del presidente estadunidense, Joe Biden, de levantar esa polémica norma migratoria, que iba a acabarse el próximo 23 de mayo.
El Título 42 es una medida amparada en la pandemia que impusieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en 2020, durante el mandato de Donald Trump, y que ha continuado bajo Biden. Esa medida implica que Estados Unidos deporta automáticamente a la mayoría de los migrantes que llegan a su frontera sur, sin darles la oportunidad de solicitar asilo.
A principios de abril, los CDC anunciaron que el 23 de mayo levantarán esa medida, lo que alivió a las organizaciones de derechos humanos que la habían criticado. Sin embargo, eso generó también fuertes críticas de la oposición republicana, hasta el punto de que los líderes de estados republicanos como Arizona, Luisiana y Misuri demandaron a Biden por ello.
En su aviso de este lunes, el citado juez federal -nominado por Trump- anunció su «intención de conceder la petición» de bloquear temporalmente el levantamiento del Título 42 y dijo que las partes deberán reunirse para negociar el impacto de esa suspensión.
Es posible que eso signifique que el Título 42 deba seguir en vigor mientras continúe el litigio de los estados conservadores contra el Gobierno de Biden, pero todavía no está claro.
Desde que comenzó a implementarse en marzo de 2020, Estados Unidos ha recurrido al Título 42 más de 1,8 millones de veces para expulsar a migrantes a México o sus países de origen sin permitirles solicitar asilo, según datos gubernamentales.
Los tres estados republicanos que interpusieron la demanda —a la que luego se sumaron otros 18—celebraron una victoria que esperan que frene el flujo sin precedentes de migrantes previsto por los funcionarios de Seguridad Nacional.
«Esta es una gran victoria para la seguridad fronteriza, pero la lucha continúa», dijo Eric Schmitt, fiscal general de Missouri.
Su par de Arizona, Mark Brnovic, dijo en un tuit que estaba «muy orgulloso» de los abogados de su administración. «Continuaremos luchando contra las políticas de fronteras abiertas del gobierno de Biden», dijo.
La demanda fue interpuesta después de que la Casa Blanca anunció a comienzos de abril que levantaría la medida tras meses de presión de defensores de migrantes, que dijeron que negaba a las personas el derecho a pedir asilo.
Título 42, una «calamidad autoinfligida»
Los CDC dijeron que la medida «ya no era necesaria» debido a «una disponibilidad incrementada de herramientas para combatir el covid-19». Promulgada al principio de la pandemia en marzo de 2020 bajo el gobierno del entonces presidente Donald Trump, la medida requería que agentes fronterizos rechazaran a quien cruzara ilegalmente a Estados Unidos.
Desde entonces, se ordenaron 1.7 millones de expulsiones de migrantes. Los republicanos, respaldados por muchos demócratas de estados fronterizos que buscan la reelección en las elecciones de medio término de noviembre, advirtieron que abandonar el Título 42 exacerbaría lo que describen como una crisis migratoria.
«Esta demanda desafía una calamidad inminente, causada por el hombre y autoinfligida: la eliminación abrupta de la única válvula de seguridad que impide que las desastrosas políticas fronterizas de este gobierno se conviertan en un caos y una catástrofe», dice la demanda.
El líder de la mayoría demócrata del Senado, Dick Durbin, que preside el comité judicial, dijo a los republicanos en una carta el lunes que pidió a la Casa Blanca una sesión informativa reservada sobre los posibles efectos de la eliminación del Título 42.
«El estatus de la orden de salud pública del Título 42 de los CDC —que no es una autoridad para hacer cumplir la ley de migración—no absuelve al Senado de nuestra responsabilidad de actuar sobre de reforma migratoria que se necesita desde hace mucho tiempo», dijo.
Mientras deliberaba el tribunal, nueve congresistas republicanos recorrían una sección de la frontera, para mantener la presión sobre Biden.
«Esto ya no se trata de partidos, se trata de personas. En esta crisis, el mundo de todos está al revés», dijo el congresista republicano Tony Gonzales, cuyo distrito se extiende desde San Antonio hasta El Paso.