A menos de un mes de que venza el plazo para la obligación de emitir todos los comprobantes fiscales mediante la facturación 4.0, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) extendió una prórroga de medio año. Esto, luego de que el organismo se viera rebasado en la entrega de la constancia de situación fiscal y el trámite diera lugar a presuntos intentos de extorsión por parte de servidores públicos.
Hasta el primero de enero de 2023, en lugar de julio de 2022, será obligatorio emitir todos los comprobantes digitales con facturas en formato 4.0, el cual contempla una serie de datos de verificación de los causantes: registro federal de contribuyentes (RFC), nombre o razón social, código postal del domicilio fiscal y el régimen en que se tributa.
El detalle de domicilio y régimen fiscal en el formato 4.0 tiene el objetivo de frenar la facturación falsa que se usa para evadir y eludir impuestos. Esa información se puede corroborar con la constancia de situación fiscal que provee el SAT, así que los empleadores la piden para evitar un error en el llenado de los comprobantes.
El Colegio de Contadores Públicos de México explicó que, en general, no hay ninguna obligación legal sobre la entrega del documento, el cual es requerido por los empleadores a fin de evitar multas, dado que los errores en el llenado de una factura pueden derivar en sanciones para el contribuyente que la emite.
“No hay ninguna obligación legal con la constancia, tiene que ver más con la veracidad de los datos”, explicó el Colegio de Contadores a La Jornada. En ese sentido, el SAT detalló que si un contribuyente conoce su información, “puede entregarla a su empleador o emisor de factura sin necesidad de presentar la constancia de situación fiscal”.
La prórroga para la facturación 4.0 había sido solicitada por asociaciones de contadores semanas atrás, dado que en el primer trimestre del año, ni uno por ciento de los comprobantes fiscales se emitieron con el formato 4.0, además de que el SAT arrastra un cuello de botella en su atención a contribuyentes.
En respuesta, todavía el 31 de mayo el organismo se plantó en el plazo original y negó cualquier prórroga, incluso reiteró que se tenían mecanismos para que las empresas con más de 400 empleados tuvieran un servicio preferente para obtener la constancia de situación fiscal.
No obstante, los diferentes canales de atención –presenciales y digitales– dispuestos por el SAT fueron rebasados por las solicitudes de contribuyentes buscando el documento.
Además, al informar que habrá una prórroga, el organismo dejó ver que funcionarios públicos intentaron aprovecharse del sentido de urgencia que se dio a la obtención de la constancia –en plataformas digitales se difundió la posibilidad de despido en caso de no tenerla– para extorsionar a contribuyentes.
“La entrega de constancias es gratuita y no debe ser condicionada por ninguna persona servidora pública del SAT por presuntos adeudos o verificación física de domicilio del contribuyente”, informó el organismo en un comunicado.
A la vez, explicó que la constancia de situación fiscal “es como su acta de nacimiento, ya que contiene datos de identificación, ubicación y obligaciones fiscales”, entre ellos el RFC, nombre o razón social, código postal del domicilio fiscal y el régimen en que se tributa.
