Elba Villarauz Valenzuela tenía 20 años como trabajadora del área de prensa del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) cuando el Órgano de Gobierno de la operadora y los ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo decidieron extinguir la empresa.
«Nos citaron aquí afuerita. Me acuerdo muy bien que llegamos todos y nuestra líder, Angélica Navarrete Mendoza, nos indicó cuál era la situación y qué era lo que se iba a hacer», recuerda aquella fecha fatídica, el 16 de julio de 2016, para ella y casi mil 600 trabajadores que fueron corridos sin liquidación ni fondo de ahorro.
De esa escena han pasado seis años. Elba Villarauz y más extrabajadores del SAS mantienen un campamento en las antiguas instalaciones centrales, en la avenida Colón del Fraccionamiento Reforma, en el puerto de Veracruz, en espera de que se resuelva la demanda colectiva que pusieron ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Más del tema…
Extrabajadores del SAS marchan en Veracruz; piden salida de Grupo MAS
Quien cuida la puerta en el plantón es Benito Quevedo, un hombre de 45 años, en cuya fachada alcanza a apreciarse con letras rojas el nombre de la extinta empresa: SAS.
Desde que perdió su trabajo como ayudante de mecánico de pozos en el SAS, Benito cuida las antiguas instalaciones de seis de la mañana a 8:30 de la noche sobreviviendo con las donaciones que recibe de sus excompañeros de trabajo.
Las instalaciones, que hace años fueron el centro de trabajo de Benito Quevedo y Elba Villarauz, hoy lucen abandonadas y entre maleza. Lo único de valor allí dentro son 32 vehículos con la pintura gastada y las llantas sin aire. El costo de cinco de ellas, de uso industrial, supera el millón de pesos.
En entrevista para E-Consulta Veracruz, Benito y Elba comparten el mismo sentimiento que el resto de los extrabajadores del SAS: los últimos seis años fueron difíciles para cada uno de ellos.
Elba ahora vende cocadas y toritos
Elba, de 51 años de edad, ingresó en 1996 a la empresa SAS con estudios técnicos en Computación y ya dentro de ella estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación a través de Internet, lo que le permitió tener un salario de poco más de siete mil pesos mensuales.
Antes de que la líder del Sindicato Teniente José Azueta, Angélica Navarrete, les diera la noticia a los más de mil 300 extrabajadores, Elba vio cómo el personal de Recursos Humanos pegaba papeles en las paredes de las instalaciones con el anuncio de que el 16 de julio era el último día de trabajo.
Para Elba, el mundo se le vino, debido a que el despido masivo de los trabajadores del SAS, mil 289 de planta y 300 de confianza, también afectó a su esposo, quien laboraba en la empresa como supervisor de pozos.
«Fue un golpe muy duro, yo creo que, para todos, pero más en mi caso porque también mi esposo trabajaba aquí. Nos afectó bastantísimo porque de un día para otro nos quedamos sin nada y con compromisos adquiridos», señala.
Elba vendió su automóvil y algunos aparatos electrónicos que tenía en su casa para sobrevivir algunos meses con su esposo y su hijo Diego, a quien terminó cambiando de una escuela privada a otra pública cuando el dinero se le acabó.
Tanto su esposo como ella buscó trabajo en otras empresas, pero fueron rechazados debido a sus edades y a que los identificaban como parte del grupo de extrabajadores del SAS, aquellos que iniciaron una demanda laboral contra el Grupo MAS, que llegó a sustituir a la empresa.
«Él ahorita trabaja en una chatarrera y se deprimió bastante, pues él era ingeniero, supervisor y de estar a cargo de una cuadrilla se quedó de un momento a otro sin nada», relata.
Elba hoy vende cocadas, dulces, toritos y productos de catálogo con los que a veces obtiene 500 pesos durante un fin de semana, una cantidad con la que sostiene parte de los gastos de su familia el resto de la semana.
«Los últimos seis años fueron difíciles, más para mí que tengo un niño, ya tiene 13 años, pero tenía siete cuando eso sucedió, a mi hijo también le afectó bastante eso, fue muy drástico», lamenta.
Rafael podría perder su casa
«He sido taquero, luego ayudé a hacer jugo de piña, he sido vigilante, luego con un prestamito que me dio el AFORE puse mi propio negocito, ya ves que te prestan por desempleo, puse mi negocito de las piñas y ahí me las voy charoleando», expresa Rafael Hernández Palmeros.
El hombre de 47 años, ingresó al Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz – Boca del Río – Medellín el 21 de septiembre de 1992 como obrero general, más tarde escaló como auxiliar técnico.
Hace tres meses que consiguió un préstamo con el que puso un negocio de venta de jugos y piña picada a las afueras de las antiguas instalaciones del SAS.
El nivel de vida al que Rafael Hernández y su familia estaban acostumbrados cuando trabajaba en el SAS nunca volvió a ser el mismo en los últimos seis años, en los que el ahora comerciante vive sin salario ni prestaciones, entre ellas un seguro de gastos médicos como el que tuvo por 25 años.
Desde julio de 2016, Hernández Palmeros corre el riesgo de perder la casa que adquirió en el fraccionamiento Geo Villas del Puerto a través del Instituto del Fondo Nacional la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
