En entrevista, la magistrada destaca que su legado serán las medidas de austeridad que desde el 2021, en medio de una polémica y sendos amparos, implementa contra todos los empleados del Poder Judicial para subsanar el boquete financiero de más de 500 millones de pesos que se exhibió el año pasado.
“Estoy feliz porque ya me voy. El 30 de noviembre es mi último día, gracias a Dios.
“Me siento con mucho orgullo, mucha satisfacción, me siento feliz, ya puedo decir que de haber concluido una carrera de casi 50 años dentro del Poder Judicial. Me siento muy feliz y muy contenta de haber servido a los veracruzanos».
Luego de que el Congreso del Estado dispensara a Romero la obligación que por ley se establece para retirarse de las magistraturas por haber llegado a la edad límite -70 años-, la presidenta reiteró que se siente contenta del trabajo que realizó en el Poder Judicial, al que llegó en octubre de 2020, en sustitución de Sofía Martínez Huerta, destituida del cargo vía juicio político.
Acotó que, para el caso de los ahorros, las medidas de austeridad continuarán y se harán palpables en el proyecto de presupuesto para 2023.
“Estamos ahorrando al máximo, tenemos muchos ahorros. De verdad que el Poder Judicial no es como muchos hablan, estamos muy bien estamos trabajando en armonía con los magistrados, los consejeros. Todos los entes del Poder Judicial estamos muy bien trabajando”, destacó.
Al recordar que “los golpeteos” que recibió al inicio de su gestión fueron complejos, señaló que incluso de estos intentó obtener algo bueno.
“A mí no me molesta que los demás hablen de mí, al contrario les mando bendiciones a todos aquellos que se expresan mal de nosotros porque no nos conocen, no se han dado la oportunidad de conocernos”, dijo.
Enfatizó que deja un Poder Judicial que “está bien y está en orden”, tras conocerse el año pasado que atravesaba un déficit financiero de más de 500 millones de pesos.
Ello, luego de que saliera a la luz pública que el Tribunal atravesaba una situación económica compleja, que entre otras cosas, obligó al cierre de casi una treintena de juzgados municipales.
Las medidas, implementadas desde junio del año pasado fueron aprobadas de manera unánime por el Consejo de la Judicatura, aunque a la postre se enfrentarían con la negativa de algunos magistrados.
Esto debido a que entre otras cosas, se contempló una reducción salarial que iba desde un 20 y hasta el 30 por ciento, misma que fue aprobada, aparentemente, de manera voluntaria.
Igualmente empezó a aplicarse la homologación de bonos, la cancelación de vales de gasolina, así como la cancelación de fondos revolventes, vales y bonos extraordinarios. Además, se exhortó al personal administrativo y los de puestos de confianza, a aplicar una reducción en la misma medida, sin incluir al personal de base y sindicalizados.
La actual directora de Administración del Poder Judicial, descartó así que hacia el fin de año y en el ocaso de la presidencia de Romero Cruz, se vaya a pedir una nueva ampliación presupuestal para concluir el 2022 o en el próximo ejercicio, como ocurrió el año pasado donde le fue autorizado un monto de 200 millones de pesos para concluir el 2021.
Indicó que actualmente trabajan en el proyecto del presupuesto para el próximo año, destacando que este buscará adaptarse a los recursos que le entregará la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), así como transparentar el uso de estos.
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