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Por María del Pilar Martínez.
Este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la entrada en vigor de la tercera, y última etapa del nuevo modelo laboral, enmarcado en la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019.
Este martes el Senado de la República validó, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la entrada en vigor de la tercera, y última etapa del nuevo modelo laboral, enmarcado en la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019.
Lo anterior significa que los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, cerrarán las ventanillas de las Juntas de Conciliación y se crearán tribunales laborales.
En la declaratoria que emitió el Senado indica que “el inicio de la tercera etapa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, iniciará a partir del 3 de octubre de 2022”.
Cabe destacar que las juntas de conciliación, como es el caso de la Ciudad de México,y que preside Eleazar Rubio, enfrentan dificultades no solo por el rezago de expedientes que tienen por resolver, sino porque se han dado despidos laborales que han ocasionado paro de labores.
“No hay marcha atrás, el modelo laboral llegó para quedarse y en esta tercera etapa veremos realmente el funcionamiento y capacidad de la autoridad, ahora en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de los Tribunales Laborales, para resolver conflictos privilegiando la conciliación”, afirmó German de la Garza de Vecchi, líder de Servicios Laborales en Deloitte México.
De la Garza de Vecchi comentó que las autoridades han admitido que esta es la etapa más compleja en términos operativos y presupuestales, debido a que están incluidos los Estados que registran mayor actividad económica e industrial y, por tanto, mayor conflictividad laboral, al representar cerca del 60% de la litigiosidad del país.
Cabe destacar que para concluir con la habilitación de los inmuebles que albergarán a los Tribunales, la Secretaría del Trabajo autorizó más de 616,000 millones de pesos en subsidios federales a las 12 entidades que lo solicitaron.
