Para evitar el desalojo de vivienda por falta de pago de créditos y la venta de la cartera -como las ocurridas en forma masiva en los sexenios de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto-, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que obligaría al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a buscar la conciliación con los deudores, antes de iniciar un proceso de vencimiento anticipado.
Actualmente, hay 1.2 millones de créditos en litigio, según datos de la propia comisión, así como 6.5 millones de viviendas abandonadas en todo el país.
El dictamen de la comisión fue votado en contra por los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), donde militan abogados que diversas comisiones investigadoras de la cámara han acusado de litigar y negociar miles de créditos vencidos, que fueron comprados por despachos entre 8 y 10 por ciento de su valor y revendidos, incluso a los propios trabajadores, en un costo mayor al real.
Con la reforma, que se envió a la Mesa Directiva de la cámara, se incluyen cuatro párrafos al artículo 49 de la Ley del Infonavit, que obligarían al instituto a que, antes de recuperar la vivienda, inicie un procedimiento administrativo de rescisión y vencimiento anticipado, así como a notificar personalmente al acreditado y justificar las causales.
También prevé el derecho del trabajador a conciliar con el Infonavit la situación de crédito, aunque bajo los criterios que establezca el organismo.
Además, prevé que, en caso de no llegar a un acuerdo entre las partes durante la conciliación, el Infonavit emitirá la resolución sobre el procedimiento administrativo.
Cuando se agote la etapa de conciliación, el Infonavit presentaría el litigio ante la autoridad judicial competente más cercana al domicilio del inmueble objeto de crédito, esto como parte del derecho de los trabajadores al debido proceso legal y a una debida defensa.
La comisión tiene documentado cómo miles de créditos se presentaron ante juzgados en entidades distintas al de la residencia de los acreditados, lo cual les impide seguir el proceso.
Al respecto, el dictamen de la comisión recuerda que durante el “mega fraude” con créditos de Infonavit en el sexenio pasado, los trabajadores no eran notificados del inicio del proceso, lo cual ya constituía un estado pleno de indefensión para ellos.
“Aunado a ello, los juicios especiales hipotecarios se interponían en juzgados muy alejados del domicilio del inmueble, inclusive en otro estado, derivando en la disminución drástica de las posibilidades de los acreditados a defender su patrimonio.”
La presidenta de la comisión, Lilia Aguilar Gil (PT), explicó que con la redacción actual del citado artículo, se cometió el “mega despojo” del sexenio pasado, así como la venta de miles de créditos en el gobierno de Vicente Fox a empresas extranjeras.
En una ficha técnica, la comisión informó que en 2018, la Fiscalía General del Estado de Nayarit denunció que desde 2013 de manera legal se entablaron juicios en contra de casi 60 mil derechohabientes del Infonavit que habían caído en cartera vencida, con el fin de despojarlos.
Las viviendas de derechohabientes del Infonavit se encontraban físicamente en los estados de Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, y que todos los juicios se presentaron ante el Poder Judicial de Nayarit; solo en Nuevo León hasta 33 mil personas habrían sido despojadas ilegalmente de sus viviendas.
En enero de 2009, el corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez, informó que el Infonavit había vendido a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad (SCRAP 2) casi 110 mil casas que se encontraban en cartera vencida.
Información de organismos defensores de derechohabientes en Sinaloa y Sonora citadas por el corresponsal reveló que casi 38 mil familias de esas entidades estaban en riesgo de perder sus viviendas obtenidas con créditos del Infonavit.
El entonces coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza -actual asesor en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones- dijo entonces que el presidente del consorcio dedicado a la compra de créditos y la reventa de la cartera fue Enrique Colliard, a su vez ex director de recursos corporativos del desaparecido Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y que en 2006 adquirió 37 mil créditos del Infonavit para la firma extranjera SCRAP 2, por los cuales sólo pagó mil 783 millones de pesos, es decir, 48 mil 189 pesos por cada vivienda, en promedio.
Según los datos de González Garza, tal operación fue avalada por el director de la constructora de vivienda Homex, el empresario de origen gallego David Leopoldo Sánchez-Tembleque Cayazzo, ex subdirector general de planeación y finanzas del Infonavit, cargo para el que fue propuesto al consejo de administración, en enero de 2002, por Víctor Manuel Borrás Setién, quien lo conoció cuando ambos trabajaban en BBVA-Bancomer.
También entonces el ex diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que el ex funcionario entregó otro paquete de vivienda a Campark, ligada a Construcciones Prácticas, propiedad de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, hijos de Marta Sahagún e hijastros de Vicente Fox.
Se trató, explicó en aquella fecha, de un negocio en favor de empresas con sede en Estados Unidos, que quebraron en ese país debido a la crisis financiera.
Incluso señaló que en diciembre de 2008, durante una reunión a la que asistieron él, González Garza y el entonces presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Quintero Navarro -actual gobernador de Nayarit-, Borrás reconoció que el Infonavit había entregado 100 mil créditos vencidos a compañías privadas, pero se comprometió a frenar esas operaciones.
