Casi un mes después de ser presentadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer este jueves que cinco impugnaciones contra la primera parte del denominado plan B de reforma electoral del gobierno federal, fueron turnadas a un ministro para su análisis y determinar si son admitidas a trámite para su resolución por el máximo tribunal del país.

Se trata de los primeros cinco recursos promovidos por PAN, PRI y PRD, así como senadores y diputados de oposición contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas que permite a servidores públicos puedan ejercer su libertad de expresión durante los procesos electorales y hacer proselitismo.

Estas acciones de inconstitucionalidad fueron turnadas por la presidencia de la SCJN al ministro Alberto Pérez Dayán, cuya ponencia tendrá que determinar en las próximas horas si cumplen con los requisitos legales para su admisión y, en su caso, formulación de proyectos y análisis y resolución en el máximo tribunal del país.

“En virtud de que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado en este asunto y el controvertido en las diversas acciones de inconstitucionalidad 29/2023, 30/2023, 31/2023, 37/2023 y 38/2023 promovidas respectivamente por los partidos políticos nacionales denominados de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como por diversos diputados y senadores integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, se ordena la acumulación de este expediente a los citados medios de control de constitucionalidad y túrnese al ministro que corresponde, al haber sido designado instructor en los referidos asuntos”, detalla el acuerdo publicado este jueves por la SCJN.

Tres de estas cinco primeras acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas desde el pasado 23 de enero por PAN, PRI y PRD, y, hasta el momento, quedan pendientes todavía por turnar las controversias constitucionales promovidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y diversos Ayuntamientos en contra de la primera parte del llamado plan B de la reforma electoral.

De acuerdo con fuentes judiciales, el retraso para enviar diversos asuntos a las ponencias del máximo tribunal del país, incluidas estas impugnaciones al plan B electoral, se debió a un reajuste al sistema de turnos que se realizó tras la elección de la ministra Norma Piña como presidenta de la SCJN.