Al calificar como algo inusitado que el ministro Alberto Pérez Dayán haya otorgado una medida cautelar para suspender la aplicación de las reformas a las dos primeras leyes promulgadas y vigentes del Plan B en las elecciones de junio en Coahuila y el Estado de México, la Consejería Jurídica de la Presidencia adelantó que impugnará esa decisión del ministro.

En un comunicado emitido por la noche, la Consejería informó que la Suprema Corte no le había notificado oficialmente que la admisión a trámite a seis acciones de inconstitucionalidad contra la primera parte del llamado Plan B en materia electoral y advirtió que de ser cierto, promoverá los medios de impugnación necesarios para revertir esta determinación «arbitraria e ilegal».

La Presidencia consideró que sería «inusitado» que el ministro Alberto Pérez Dayán hubiera emitido un acuerdo para que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas no apliquen para los procesos electorales del Estado de México y Coahuila pues contravendría la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en cuyo último párrafo de su artículo 64 dice expresamente: “la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada.

«Hasta la tarde de este mismo día, la SCJN no ha notificado al Ejecutivo federal una comunicación oficial que confirme, precise o desmienta dicha aseveración de los medios», dice el documento.

La Consejería Jurídica de presidencia advirtió que peleará contra las determinaciones del ministro. «En su caso, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal tendría que promover los medios de impugnación que establece la ley reglamentaria comentada más arriba, para revertir los efectos de esta determinación arbitraria e ilegal», señala.

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