Ahora que las autoridades gubernamentales se ven limitadísimas a apoyar a los medios de comunicación por la Ley de Comunicación Social vigente- incluida dentro del Plan B electoral- que sólo permite utilizar el 0.01 por ciento del presupuesto total, tomando en cuenta que el recurso para comunicación social de las entidades ya está presupuestado para 2023, una alternativa sería nombrar a los titulares de los medios como asesores generales de la autoridades. Digo, si es que se quiere que no cierren operaciones todos los medios de comunicación. Está pendiente el fallo de la SCJN al respecto. Foto del antiguo periodismo.
