Por tratarse de una medida legítima para que el PRI pueda competir en el proceso electoral del 2024 “sin distracciones”, el magistrado José Luis Vargas propuso al Tribunal Electoral avalar que Alejandro Moreno se mantenga en la dirigencia nacional hasta concluir la elección presidencial.

El proyecto que Vargas circuló este lunes a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y del que MILENIO tiene una copia, propone revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral que invalidó las reformas priistas aprobadas en diciembre de 2022 —las cuales incluyeron extender el mandato de Alejandro Moreno— pues el Consejo General consideró que no se cumplieron en sus términos los estatutos del partido y podría haber afectaciones a la militancia.

Alejandro Moreno y el PRI impugnaron esta decisión del INE para echar abajo la “victoria” que presumieron Juan Pablo Yáñez Jiménez y Antonio Lara Pérez; Dulce María Sauri; Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu; Pedro Joaquín Coldwell; José Ramón Martel López, José Encarnación Alfaro Cázares, Héctor Astudillo, Fernando Lerdo de Tejada Luna después del plazo.

De entrada, Vargas sólo aceptó las impugnaciones de Sauri, Osorio Chong, Ruiz Massieu y Coldwell, pues los demás presentaron sus juicios fuera de tiempo.

La propuesta de sentencia concluye que contrario a lo determinado por el INE “el procedimiento seguido al interior del PRI para la realización de las modificaciones estatutarias se ajustó a derecho y por tanto, lo procedente era tenerlo por verificado, pues se aprobaron por el órgano partidista que tiene atribuciones para ello, por lo que goza de presunción reforzada de validez.

“Las modificaciones, de inicio, se encuentran protegidas por el principio de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, al tratarse de un asunto interno” y “la Sala Superior ha establecido el principio de intervención mínima en los asuntos internos de los partidos político”.

Así, el PRI, como cualquier otro partido, “goza de una amplia libertad configurativa” y las reformas se tratan de “un asunto de su vida interna, con la libertad legal de definir sus estrategias políticas y electorales”.

Tampoco coincide en la decisión del INE respecto a que el proceso no fue el correcto, pues el Consejo Político Nacional es un órgano facultado para realizar modificaciones estatutarias; la convocatoria se emitió por los medios y con la anticipación señalada en los estatutos; éstas incluyó orden del día; se acreditó el quórum; asistieron más de las dos terceras partes del órgano —el 81.6 por ciento— y las modificaciones se aprobaron por mayoría absoluta de 87 por ciento.

Ante ello, existen elementos suficientes para considerar como válido el procedimiento y le da la razón al PRI y a Alejandro Moreno en que “requerir un estándar más riguroso podría resultar en una exigencia desmedida frente a los fines que se pretenden satisfacer o proteger, pues la validez es una aprobación mayoritaria”.

En concreto, sobre la modificación al artículo 83 en el que el PRI solicitó modificar la fracción XXVII donde reiteró la atribución del Consejo Político Nacional para aprobar el mandato de la dirigencia nacional, cuando el periodo para el que resultó electo, concluya antes del inicio del proceso electoral federal, pero dándole un plazo distinto, ya que consideró tres meses previos al inicio del procedimiento electivo para que pueda aprobarse la ampliación.

Los “priistas rebeldes” alegaron que “se trasgrede la voluntad de la militancia al exceder el periodo estatutario establecido, se extiende el periodo del mandato a seis años sin que haya sido nombrado bajo un procedimiento democrático, trasgrede el derecho de los militantes a renovar sus órganos internos, violenta el principio de certeza para el que son electas las dirigencias partidistas, la ampliación de la dirigencia no tenía qué ver con la reforma en materia electoral”.

Foto de Cuartoscuro en La Razón.