Sin discusión ni oradores, el Pleno del Senado aprobó las reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, la cual se conoce como la «Ley 3 de 3» para que ningún deudor alimentario o violentador pueda ocupar algún cargo de elección popular.

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Propone que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspendan por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.

También establece que, en los supuestos de esta fracción, la persona que cometa estos ilícitos no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Con relación a la modificación al artículo 102, la reforma establece que para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere ser ciudadana mexicana por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación.

Además de contar con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciatura en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de delito doloso.

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