La institución educativa interpuso recurso de queja para apelar el fallo del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México. El caso se turnará a un tribunal colegiado para que determine si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.
El próximo 26 de mayo, la jueza Elizabeth Medina Alcántara determinará si le otorga a la UNPF la suspensión definitiva y fijó para el próximo 12 de junio la audiencia donde resolverá si concede el amparo.
El 12 de mayo la juez admitió a trámite el juicio de amparo que presentó Marco Antonio Carlos Dueñas González a nombre la UNPF, contra la orden y/o autorización de imprimir los libros de texto gratuitos educación primaria, esto es cinco de primer grado de primaria; cinco de segundo grado de primaria; dos de tercero de primaria y dos de cuarto grado también de educación primaria, sin adecuarse a los planes y programas de estudio vigentes, ni seguir el procedimiento previsto para su emisión. Ese día la impartidora de justicia dio un plazo de 15 días a la SEP para que rinda sus informes justificados.
La semana pasada, representantes de la UNPF pidieron a las autoridades que detengan la distribución de los nuevos libros de texto. Señalaron que nunca fueron consultados ni han sido aprobados. Recordaron que, en meses pasados, dieron a conocer las inconsistencias encontradas en los libros de texto que el gobierno pretende “imponer” como parte los materiales educativos.
Reiteraron que en su momento expresaron su inconformidad tras saber que este material “no es el adecuado” y está siendo diseñado “a modo” careciendo de bases científicas, técnicas pedagógicas y del profesionalismo académico que se requiere.
Añadieron que el hecho de que el gobierno esté haciendo el contenido de los libros de texto sin
respetar las consultas que les obliga la constitución y las leyes, “ha despertado indignación” entre los mexicanos y perjudica la educación de sus hijos.
Por ello advirtieron que están acudiendo ante los tribunales para interponer recurso de amparo. Además, pidieron a los jueces y magistrados del país que atiendan sus legítimos derechos para defender la educación de sus hijos.
