Ante ello, la última palabra sobre si se para o no a los morenistas la tendrá la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El asunto se originó por la denuncia presentada por Jorge Alvarez Maynez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, en contra de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco por actos anticipados de precampaña y de campaña de cara a la contienda de 2024.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTC) del INE elaboró un proyecto según el cual, “bajo la apariencia del buen derecho”, las actividades de las personas denunciadas son “proselitistas” para posicionar ilegalmente a Morena, por lo que ordena la suspensión de todas las actividades públicas como recorridos y asambleas informativas.
El tema es de alta relevancia para los once consejeros, quienes desde la víspera mostraron división respecto al tema, al grado de que además de los integrantes de la comisión, en un hecho poco común, decidieron participar en la sesión los consejeros Jaime Rivera, Arturo Castillo y Dania Ravel; los tres se pronunciaron en favor del proyecto.
En contra, los consejeros Rita Bell López Vences y Jorge Montaño sostuvieron que en su proyecto la UTC se está prejuzgando y dando elementos que son parte del estudio de fondo que debe hacer la Sala Especializada del Tribunal Electoral del TEPJF.
Argumentaron además que las actas circunstanciadas de los enviados del INE a los eventos de los aspirantes morenistas estaban mal hechos pues no demuestran, por ejemplo, que los asistentes a los eventos no sean militantes de ese partido.
Señalaron también que ese proyecto se contrapone a la resolución anterior de esta misma Comisión que apenas hace unos días determinó no emitir medidas cautelares y solo acotar los eventos (de las denominadas corcholatas).
“Si bien podemos recabar pruebas, estas se deben remitir a la Sala Especializada”, dijo Montaño, al dar a entender que la UTC tenía prisa para sustentar a como diera lugar el sentido de su proyecto.
Antes, los consejeros invitados y Zavala hicieron referencia a las tesis y jurisprudencias de la SCJN relacionado con lo que es un acto proselitista y una medida cautelar.
Sin mayores tecnicismos, el consejero Rivera dijo que el proyecto es pertinente para que el INE “reaccione jurídicamente ante el alud de hechos que tienen toda la apariencia de proselitismo pre-electoral”, al cual calificó como “banderazo de salida” al proceso de la selección del candidato presidencial de Morena.
Ravel agregó que las manifestaciones presuntamente proselitistas son evidentes y, para imponer las medidas cautelares, no se requiere de hacer un análisis de fondo. Preguntó incluso que si se está ante un posible riesgo a la equidad de los comicios ¿qué es más lesivo, otorgar las medidas cautelares o no hacerlo?
Zavala sostuvo que no es hasta el estudio de fondo cuando el INE se debe hacer cargo de las circunstancias. “Se deben parar esos eventos”, expresó.
Algunos comentarios de oradores molestaron a la consejera Rita Bell López, quien al subrayar que la argumentación del proyecto no se sostiene para dictar las medidas cautelares, se falta a la verdad cuando se juzga si se defiende a un quejoso.
“(Esa postura) falta a la verdad, a la buena convivencia de un colegiado. Yo me aparto de ese tipo de juicios. Aparte de lo grave que es quererle enseñar a una servidora pública, en mi caso, qué tengo qué hacer y cómo lo tengo qué hacer. Eso es muy delicado, no lo voy a permitir, estoy en el ejercicio de mis atribuciones y puedo señalar lo que considero que no es adecuado, es mi respeto y por lo tanto pido respeto para esa postura”.
