Legisladores de EU piden a la USTR asegurar que la reforma judicial no viole el T-MEC.
Por Roberto Morales.
Legisladores de Estados Unidos pidieron a la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) que tome acciones para asegurar que las reformas constitucionales mexicanas que se procesan en el Congreso no violen, una vez aprobadas, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Legisladores de Estados Unidos pidieron a la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) que tome acciones para asegurar que las reformas constitucionales mexicanas que se procesan en el Congreso no violen, una vez aprobadas, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Esta solicitud se hizo a través de una carta fechada el 4 de septiembre pasado, firmada por 10 legisladores de la Cámara de Representantes y dirigida a Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos.
Los diputados manifiestan a Tai su “preocupación” por las reformas que están siendo consideradas por el Congreso de México.
“La exhortamos a comprometerse con el presidente Andrés Manuel López Obrador; la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y el Congreso entrante de México para asegurar que cualquier reforma promulgada no entre en conflicto con las obligaciones del T-MEC”, expresan en la misiva.
Luego hacen un reconocimiento al derecho soberano de cada gobierno a actualizar su constitución y valoran “profundamente” la sólida asociación entre Estados Unidos y México.
Sin embargo, parece probable que muchas de las reformas propuestas comprometan el acceso de los inversionistas estadounidenses a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial”, agregan.
También externan su preocupación por los esfuerzos del gobierno mexicano por prohibir o limitar ciertos métodos de extracción, restringir la exploración de litio, restringir las operaciones y permisos de electricidad, restringir las importaciones de maíz genéticamente modificado o abolir organismos reguladores independientes.
“Tales políticas socavarían la competitividad de América del Norte y crearían un entorno desafiante para las empresas relevantes que buscan operar bajo las reglas del T-MEC en México”, opinan.
Desde su perspectiva, el cronograma previsto para considerar estas reformas requiere que la USTR interactúe rápidamente con el gobierno mexicano para garantizar que las preocupaciones de las partes interesadas estadounidenses se comuniquen adecuadamente.
Además, mientras se preparan para la revisión del T-MEC en 2026, indican que es imperativo que cada país socio respete la integridad del acuerdo.
“Cualquier acción que contravenga las obligaciones del T-MEC creará dudas significativas sobre el compromiso con nuestros objetivos compartidos e inevitablemente dificultará el proceso de revisión”, advierten lo legisladores
Dados los desafíos significativos que estas reformas plantean para las partes interesadas estadounidenses, solicitan una respuesta por escrito a las siguientes preguntas antes del 20 de septiembre.
¿Cuál es la posición de la Administración Biden-Harris sobre las reformas constitucionales propuestas relacionadas con la energía, la minería, el maíz genéticamente modificado, las agencias reguladoras autónomas y la reforma judicial?
¿Cuál es el impacto previsto que tendrían estas reformas en las empresas e inversores estadounidenses?
¿Cómo se alinearían estas reformas con las obligaciones de México en virtud del T-MEC?
¿De qué manera la USTR ha estado interactuando con las partes interesadas de Estados Unidos para defender sus intereses?
¿Cómo ha interactuado la USTR con el gobierno de México en relación con estas reformas constitucionales desde que se anunciaron por primera vez las iniciativas?
¿Cuál es la estrategia a largo plazo de la USTR para proteger los marcos regulatorios confiables e imparciales y el acceso al mercado para las industrias estadounidenses, en caso de que se promulguen estas reformas?
La reforma prevé la elección por voto popular de todos los jueces de México, incluidos, en junio de 2025, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de aproximadamente 1,650 jueces y magistrados federales.
Además establece la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el IFT, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
roberto.morales@nulleleconomista.mx
Foto de Reuters.
