Los diputados de todos los partidos aprobaron la segunda reforma constitucional de AMLO, ahora por unanimidad, en contraste con el encono que hubo en la Reforma Judicial.
La reforma recibió el respaldo de la oposición. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)
Carina García
@carinagt
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 492 votos en lo general, la reforma al artículo 2o de la Constitución para reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Sin embargo la enmienda nacerá sin posibilidad de hacerse realidad, según la oposición, pues no hay garantías de que habrá recursos para que los ideales que se buscan se cumplan, y porque los pueblos originarios de zonas del país como Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, han sido desplazadas por la violencia, que ya llegó hasta sus comunidades.
Conforme a lo aprobado, al ser reconocidos como sujetos de derecho público podrán acceder a recursos de programas. Además ahora para acceder a la justicia tendrán derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas; se deberá promover la educación en su lengua, difundir y fomentar su cultura, así como el desarrollo de la medicina tradicional.
Los legisladores votaron por unanimidad pero discutieron durante cuatro horas y media antes de la aprobación. Luego presentaron 167 reservas, algunas de ellas para que se aseguren esos recursos, otras presentadas por la 4T sólo para usar la tribuna y retirar sus propuestas.
Ninguna reserva prosperó y después de otras cuatro horas y media de discusión y 44 oradores, el dictamen se aprobó en lo general con unanimidad de 483 votos a favor.
De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 23.2 millones de personas se auto identifican como indígenas y 7.4 millones hablan alguna de las 68 lenguas indígenas existentes en la República Mexicana.
Presupuestalmente en este 2024 se les ha destinado en el Anexo 10 “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, recursos por 153, 343.6 millones de pesos, superiores a los asignados en 2018 cuando su monto fue de 80, 844.6 millones de pesos.
Sin embargo ese crecimiento se explica porque ahora se incluyen recursos de programas sociales ejercidos por la secretaría del Bienestar, como el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o, en el ramo de Educación Pública, el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez o el Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.
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Originarios… pero desplazados
En la discusión en lo general, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gildardo Pérez Gabino, abrió el debate con el cuestionamiento de que, por la inseguridad, los habitantes de pueblos originarios no pueden ni siquiera habitar sus tierras con lo que ese derecho básico ya les es negado y en esas condiciones ningún otro es posible.
“Indígena es originario y fundador del pueblo mexicano. La propuesta de reformar, en relación a este artículo, a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho es imposible en las condiciones actuales. Hemos visto los desplazamientos de los indígenas tzotziles, tojolabales, mames, zoques en Chiapas”, dijo.
Hay personas en condición de asilo en Guatemala, “¿de qué derechos estamos hablando?, ¿de qué país estamos hablando? De un gobierno totalmente ausente ante los desplazamientos también de los mixtecos y tlapanecos en el estado de Guerrero, que producto del narcotráfico y la delincuencia organizada han tenido que ceder parte de sus zonas mineras. No se puede hablar de derechos cuando no hay condiciones en este país por la violencia que amenaza desde Guatemala hasta el río Suchiate con los Estados Unidos”, dijo el legislador.
Además, reclamó Asael Hernández Cerón, de Acción Nacional (PAN), la reforma –que también apoyó- elimina la obligación de realizar una consulta entre las comunidades indígenas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND). “Ustedes mismos están derogando eso y con eso diluyen la exigibilidad de sus derechos al no tener que incluir sus peticiones” en ese documento, dijo.
“Política pública sin presupuesto es demagogia”, planteó el panista, quien reclamó que además se eliminó la posibilidad de que haya financiamiento público-privado para vivienda y servicios básicos en comunidades indígenas, se suspenden estímulos fiscales para capacitación de mujeres indígenas y se cancelan estímulos para inversiones públicas y para generar empleo y fortalecer tecnología en esas comunidades.
Genoveva Huerta Villegas, también del PAN, celebró algunos cambios, pero alertó que todos los derechos que colectivamente se reconocen ahora a los pueblos indígenas no serían exigibles vía amparo, por la reforma que Morena aprobó en abril a la Ley de Amparo para eliminar los efectos generales de las sentencias
“¿Cómo pretende ahora hacer efectivo los alcances de esos derechos colectivos?”, cuestionó. Además recordó que en la construcción del Tren Maya se decidió declararlo como proyecto de seguridad nacional para imponerse a los amparos ganados por los pueblos y comunidades indígenas mayas.
“¿De qué manera esta reforma garantiza la defensa de esos mismos pueblos en una situación similar en el futuro? ¿Será por eso que la reforma impide que organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos o abogados intercedan a favor de los pueblos originarios? Que conste que es pregunta”, dijo la panista.
Pidió además reformas a un conjunto de leyes adicionales para que la enmienda constitucional sea posible: a la Ley de Aguas Nacionales para frenar el acaparamiento desmedido del agua por parte de empresas; a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para que haya pronta resolución de conflictos.
Y además reformar la Ley Minera, la Ley de Amparo y la Ley de Seguridad Nacional, “para frenar los despojos legalizados”.
Por Morena, la diputada Irma Juan Carlos recordó que en 2001 después de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, se reformó el artículo 2 de la Constitución –que ahora se cambia- para reconocer algunos derechos colectivos de los pueblos indígenas, como la libre determinación y autonomía.
“Sin embargo, no se establecieron las normas y mecanismos para ejercerlos en el terreno de los hechos, en particular, porque fue negado el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujeto de derecho público” pero con la reforma constitucional que hoy se aprueba, dijo, “estamos ante la gran oportunidad de transformar en forma real y verdadera nuestra existencia milenaria”.
Con ese cambio, a ser reconocidos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dijo la diputada morenista, se reconoce su capacidad para tomar sus propias decisiones de manera colectiva sobre su destino, administrar los recursos públicos, ejecutar sus obras comunitarias y participar en la vida pública como entes colectivos.
Además deberá respetarse su forma de gobierno y sistemas normativos y se eleva a rango constitucional el derecho a ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en la vida y en el entorno de los pueblos, así como la capacidad de interponer medios de impugnación por violación a este derecho.
“Así ponemos fin al saqueo y a la explotación de nuestros recursos, se acabaron los ultrajes a nuestra madre tierra, le decimos adiós a cualquier megaproyecto sin la consulta y consentimiento libre, previo e informado de nuestros pueblos. Nunca más una decisión por encima de la voluntad de los pueblos”.
Foto de El Financiero.
