Ante los vacíos legales que dejó la Reforma Judicial y la armonización de las leyes secundarias, en la mesa del Consejo General se discutieron varias alternativas de tope de gasto autorizado entre los dos y cuatro millones de pesos; sin embargo algunos consejeros alertaron que esos montos darían ventaja a quienes cuentan con fortunas millonarias.
La Reforma Judicial estableció que –a diferencia de campañas de elecciones ordinarias– en el proceso judicial serían 60 días de proselitismo (que arrancan el 30 de marzo) y un tope de gasto personalizado a establecer por el INE.
También plantea que no podrá haber aportaciones de simpatizantes ni recursos públicos, por lo que todos los candidatos deberán emplear sus fondos propios.
¿Un monto insuficiente?
Si bien se reconoció que 223, 326 pesos son insuficientes para que las personas candidatas a ministras, magistradas y jueces se posicionen ante el electorado, los consejeros Arturo Castillo, Claudia Zavala, Dania Ravel, Rita Bell, Ucc Kib Espadas y Jaime Rivera expusieron que el monto tope ya está en la ley.
El artículo 522 de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales (Legipe) establece que los topes “no podrán ser superiores al límite de aportaciones individuales que pueden realizar las personas candidatas independientes a diputaciones”. En la pasada elección ese límite fue de 223, 326 pes
La consejera Dania Ravel comentó que las campañas deberán realizarse preponderantemente en redes sociales, por lo que el ámbito territorial deja de ser un factor relevante de gasto, en ese sentido señaló que “es un tope limitado”, pero defendió que así está en ley y que la Reforma Judicial concibió que fueran campañas distintas.
Con ella coincidió la consejera Rita Bell, quien recordó que las campañas judiciales no están pensadas para ser territoriales, de ahí que no se requieran gastos millonarios.
La consejera Carla Humphrey, quien estaba a favor de que se aprobara un límite de 4 millones de pesos, aseguró que menos de 200,000 pesos impedirá el acercamiento con el electorado y visitas en territorio, lo que alentará a que no sea respetado.
“Establecer un tope tan restrictivo nos puede llevar de facto a colocar a las candidaturas en un umbral de ocultamiento innecesario y que les puede llevar a la ilicitud”, dijo.
Por su parte, el consejero Ucc Kib Espadas Ancona argumentó que proponer campañas millonarias no solo dejará en inequidad a quienes no tienen recursos, sino que atenta contra la realidad de pobreza en que vive el país.
Alertó además que permitir topes de dos o cuatro millones alentará a que los abanderados puedan pedir recursos privados, lo cual está prohibido. “¿Una persona estará dispuesta a gastar, digamos, el 10 por ciento de su patrimonio total en una campaña electoral? Si es así, campañas con topes de campaña de dos millones de pesos estarían restringidas a las personas que dispongan, que tengan como patrimonio total, digamos, 20 millones de pesos, es decir, un millón de dólares”, expuso.
Foto de El Economista.
