Hora cero
La UV, ante el riesgo de una rectoría ilegal
Luis Alberto Romero
Ante el evidente intento de Martín Aguilar Sánchez por prolongar su permanencia en la Rectoría de la Universidad Veracruzana —ya sea mediante la extensión de su actual periodo o postulándose nuevamente para un segundo cuatrienio— diversas voces han exigido el respeto al marco legal que rige a la institución.
La legislación universitaria es clara: el periodo rectoral concluye en septiembre próximo, y Aguilar Sánchez no puede reelegirse, al haber superado el límite de edad establecido, que debe ser mayor de 30 y menor de 65 años. Su eventual reelección sería jurídicamente insostenible.
A diferencia de este escenario, los tres rectores que lo antecedieron —Víctor Arredondo, Raúl Arias Lovillo y Sara Ladrón de Guevara— cumplieron con todos los requisitos legales y contaron con el respaldo de la comunidad universitaria al concluir su primer periodo, lo que legitimó su reelección y les permitió completar dos mandatos consecutivos de cuatro años cada uno.
Precisamente esos tres exrectores, protagonistas de la etapa autónoma de la UV, firmaron recientemente un pronunciamiento público en el que hacen un llamado enérgico a la Junta de Gobierno para que se conduzca con estricto apego a derecho en el proceso de designación del próximo titular de la Rectoría para el periodo 2025–2029.
El documento —dirigido al Consejo Universitario General, a la Junta de Gobierno y a la comunidad universitaria en general— expresa una profunda preocupación por la necesidad de salvaguardar la autonomía institucional, la estabilidad de la Universidad y su prestigio nacional.
En uno de sus apartados más contundentes, el pronunciamiento advierte: “Cualquier desvío del marco normativo –por mínimo que parezca– puede poner en entredicho no sólo la autonomía de nuestra casa de estudios, sino también el compromiso ético y social que debe regir su gobernanza”.
Y va más allá: “Retrasar, omitir, interpretar ilegalmente o alterar el curso normativo de este proceso, por la razón que sea, abre la puerta a arbitrariedades que amenazan la credibilidad de la máxima casa de estudios de Veracruz. No se trata únicamente de una cuestión técnica o administrativa: está en juego la confianza pública, la certeza jurídica y la legitimidad del próximo liderazgo rectoral”.
El llamado de Arredondo Álvarez, Arias Lovillo y Ladrón de Guevara González no puede ni debe ser ignorado. Se trata de personajes con una trayectoria sólida en la educación superior mexicana, que en conjunto suman 24 años de experiencia al frente de la Universidad Veracruzana, en periodos ampliamente reconocidos por su institucionalidad y resultados positivos en las evaluaciones nacionales.
El respeto a la legalidad no es negociable. Si la Junta de Gobierno cede a presiones o interpreta la ley a conveniencia, se abriría una peligrosa grieta en la autonomía universitaria, que podría tener consecuencias irreversibles. La Universidad Veracruzana se encuentra en un punto crítico, y su futuro exige altura de miras, integridad y compromiso con la ley, no ambiciones personales.
@luisromero85
