Con la coacción, la intimidación y el acarreo ramplón por parte de funcionarios
universitarios -que buscan ratificación en sus cargos-; y del sindicato mayoritario -el
“apoyo” ya lo dije no es gratuito-; la difusión de supuestos logros comparados con datos
de hace más de una década, o tomando esfuerzos individuales de los académicos para
presumir incremento en el número de membresías en el SNII; el pago de publicidad en
redes sociales, v. gr. Universitarios UV en facebook; y el uso de bots para asentar la idea
de que la prórroga tal como la están procesando es legal; el día de ayer concluyó la
auscultación que la Junta de Gobierno programó.
Pese al escenario anterior, estoy convencida de dos cosas, primera, que la Junta tuvo
una dosis de realidad, se enteró de muchas cosas que no sabía, solo una de ellas, el TC
para el sobrino de funcionario de primer nivel con apenas 3 años de antigüedad, pese a
académicos que tienen más de 10 años de antigüedad y mayores merecimientos
académicos que el sobrino. La Junta fue un muro de lamentaciones.
Segunda, con todos los elementos existentes, la Junta decidirá regresar a la legalidad. Ha
quedado claro que reconocemos que la figura de la prórroga existe en la normatividad,
lo que NO existe es la forma en la que se encuentran procesándola, la interpretación y
la “legislación” que, sin tener atribuciones para ello, realizaron da cuenta de la ilegalidad;
una prueba más de esto es que, al momento nadie sabe si habrá una etapa de evaluación
más y cuándo se emitirá el resultado. El principio de certeza jurídica, completamente
perdido.
Para finalizar, y con el propósito de abonar al balance de lo que ha sido/es la actual
administración rectoral, con base en los insumos publicados en la página de la Junta, hago
mío el análisis realizado por el Dr. Alejandro León, cito, de las ocho acciones listadas
como “por concluir”, al menos seis deben considerarse como adeudos del
Plan Rectoral 2021–2025. Estas son:
1. Actualización e implementación del MEIF.
2. Sistema de gestión financiera y administrativa (Aries).
3. Educación digital, híbrida y a distancia.
4. Unidad de vigilancia genómica.
5. Red de semiconductores.
6. Centro de las Artes (Xalapa y Veracruz).
Más que consolidaciones, son objetivos no alcanzados en tiempo y forma, y su
inclusión como “acciones por concluir” sugiere una narrativa que suaviza los rezagos
estructurales en áreas prioritarias del plan rector […]El plan 2025–2029 reitera una
porción significativa de los objetivos estratégicos no alcanzados en 2021–
2025, y los presenta como proyectos de continuidad o profundización sin evidencia clara
de cumplimiento anterior. En particular:
• MEIF, Aries, programas virtuales y proyectos científicos insignia
aparecen como nuevas metas, pese a haber sido compromisos fundacionales del
periodo 2021–2025.
Este solapamiento sugiere una baja capacidad institucional para reconocer
rezagos como tales, y una tendencia a recodificar el incumplimiento como
planeación progresiva. En tal sentido es viable preguntarnos:
• ¿Puede la falta de cumplimiento ser presentada como mérito para prolongar una
gestión?
• ¿La reaparición de metas no cumplidas justifica una prórroga o evidencia la
necesidad de un relevo?
• ¿Qué precedente se sienta al recompensar el rezago con extensión de mandato?
En suma, el análisis comparativo entre el Plan Rectoral 2021–2025, su informe de
ejecución (acciones realizadas y acciones a concluir) y el documento programático 2025–
2029 pone de relieve una estrategia discursiva cuestionable: la de presentar como
continuidad o profundización lo que en realidad son rezagos e
incumplimientos evidentes. Esta retórica no es neutra ni técnica; al contrario, opera
como un mecanismo de encubrimiento que posterga la rendición de cuentas
y difumina las responsabilidades. Al relanzar los mismos compromisos sin
reconocer su incumplimiento previo, se neutraliza el debate crítico sobre la eficacia de
la gestión y se reconfiguran los errores como oportunidades de liderazgo, sin prueba
alguna de mejora en la capacidad de ejecución. Esta práctica vulnera los principios de
planeación estratégica, debilita la cultura administrativa que debiera prevalecer en la
Universidad basada en resultados y mina la credibilidad del proceso mismo de evaluación
rectoral.
Además, coincidiendo con distintas voces de la comunidad universitaria y la opinión
pública, el análisis realizado sostiene que el problema de fondo no es sólo técnicoadministrativo: es ético, político y simbólico. La actual gestión ha incurrido en:
– Demagogia, al prometer sin ejecutar.
– Incapacidad, al no traducir planificación en acción.
– Falta de liderazgo, al conducir sin visión ni consenso.
A ello se suma el uso instrumental del discurso de derechos humanos y legalidad para
justificar una permanencia que ni la ley respalda ni los resultados avalan. En estas
condiciones, no existe fundamento sólido -ni institucional ni ético- que
justifique el otorgamiento de una prórroga.
Otorgarla sería validar una narrativa que premia la ineficiencia, mina la credibilidad de la
planeación institucional, y rompe el pacto de confianza con la comunidad univer