Redacción Bitácoras Políticas.
El Poder Judicial de la Federación desechó los amparos promovidos por los académicos Marisol Luna Leal y Jorge Manzo Denes, quienes impugnaron la prórroga otorgada al rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Gerardo Aguilar Sánchez, por parte de la Junta de Gobierno de la institución.
Ambos docentes habían solicitado la protección de la justicia federal al considerar que la extensión del mandato del rector vulneraba sus derechos como posibles aspirantes a la titularidad de la Rectoría. Sin embargo, las resoluciones judiciales concluyeron que sus demandas carecían de sustento jurídico, al no demostrarse un agravio personal, directo ni actual derivado de dicho acto.
En el caso de Marisol Luna, la jueza federal que conoció el asunto determinó que no procedía otorgar el amparo, pues, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la demanda era improcedente y debía ser desechada de plano. “Procede desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos”, señala el fallo emitido.
De manera similar, el recurso promovido por Jorge Manzo fue rechazado con base en criterios de inexistencia de afectación inmediata. En la resolución se lee: “la afectación debe ser de realización pasada, presente o inminente […] los actos probables, no generan perjuicio”.
La decisión de la Junta de Gobierno, anunciada la semana pasada, concedió una prórroga de cuatro años más a Aguilar Sánchez como rector de la UV, decisión que ha generado reacciones diversas dentro de la comunidad universitaria. Mientras algunos sectores la han respaldado como una vía de continuidad institucional, otros —como Luna y Manzo— han cuestionado su legalidad y la ausencia de una convocatoria abierta, tal como establece la Ley Orgánica de la Universidad.
El fallo judicial implica que, por ahora, no existen impedimentos legales para la continuidad del actual rector, quien asumió el cargo en septiembre de 2021 y continuará hasta 2029. La controversia, sin embargo, ha puesto nuevamente en discusión la interpretación del marco legal universitario y la transparencia en los procesos internos de designación.
Ni Luna ni Manzo han emitido declaraciones públicas tras la resolución judicial, aunque fuentes cercanas a ambos indicaron que se analiza la posibilidad de acudir a instancias internacionales o presentar recursos administrativos adicionales.
El Consejo Universitario General, hasta el momento, no ha fijado una postura sobre la prórroga otorgada ni sobre las resoluciones judiciales, mientras que la Junta de Gobierno ha defendido la legalidad de su actuación con base en una interpretación de continuidad institucional.
La controversia en torno a la Rectoría de la UV continúa reflejando las tensiones entre legalidad, institucionalidad y legitimidad en una de las universidades públicas más importantes del sureste mexicano.
Foto de E-Consulta Veracruz
