La Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas a las leyes en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas, así como a la Ley General de Población.

Lo anterior es a fin de reforzar la capacidad del gobierno mexicano para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas con un enfoque tecnológico, interinstitucional y de derechos humanos.

El decreto prevé asimismo la creación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica con huellas dactilares y fotografía como documento de identificación nacional, lo que a juicio de la oposición, representa un instrumento del gobierno para apoderarse de los datos personales de los mexicanos, vigilarlos y espiarlos.

Por acuerdo de los líderes parlamentarios en San Lázaro, las reformas a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas; desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas se votó por separado de laLey General de Población.

La primera, avalada con 438 votos de Morena, PAN, PVEM, PT y MC, y 38 del PRI en contra, crea la Plataforma Única de Identidad con registros como el de personas desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otras bases de datos para realizar búsquedas en tiempo real a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Se busca coordinar los esfuerzos del gobierno federal con las autoridades estatales en la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, además de reforzar los basamentos institucionales y normativos en la materia.

A su vez, aprobada con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones, las modificaciones a la Ley General de Población establece la CURP biométrica, que tendrá un monitoreo en “tiempo real” para permitir búsquedas continuas y exhaustivas.

De acuerdo con la reforma, el, documento podrá ser utilizado tanto en formato físico como digital.

En ese contexto, se obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como a particulares que administren bases de datos biométricos, como bancos, hospitales, empresas de telefonía y cualquier otra, a permitir el acceso de instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia y cuerpos de seguridad a dicha información para facilitar las labores de búsqueda.

¿Se van a apoderar de nuestros datos personales?

Tras las votaciones en lo general, la mesa directiva de la Cámara de Diputados abrió la discusión en lo particular de las reservas registradas por representantes de los diversos grupos parlamentarios.

En representación del PVEM, la diputada y ex buscadora de personas desaparecidas Ana Érika Santana calificó de insuficientes las acciones del gobierno mexicano ante las desapariciones de miles de personas en todo el país.

“El tema de la desaparición forzada debe abordarse con responsabilidad, sensibilidad y profundo respeto, porque detrás de cada caso hay una familia que espera respuestas, no promesas y no política; reconocemos la labor incansable de los colectivos y en especial de las madres buscadoras, pero no debe ser una lucha que enfrentan solas”, puntualizó, con la voz entrecortada.

Por Morena, la diputada Irma Juan Carlos sostuvo que la reforma es producto del diálogo entre autoridades, víctimas y personas buscadoras, además de cumplir a los estándares internacionales.

“A la par representa defender el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la verdad, a ser buscado, del derecho a una reparación integral, del derecho a la justicia, a defender la dignidad de las víctimas y de sus familias, comprender su dolor y no solo ser empáticos, sino proactivos, eficientes y humanos”, dijo.

No obstante, la legisladora Martha Amalia Moya, del PAN, recordó que más de 300 colectivos han señalado que la iniciativa no sirve para la búsqueda de sus familiares desaparecidos y puede ser peligrosa para la seguridad de todas las personas en México.

“En un país con más de 72 mil cuerpos sin identificar, donde solo el 3 por ciento del presupuesto de las fiscalías se destina a servicios forenses y donde al menos 22 madres buscadoras han sido asesinadas, ¿de verdad creemos que una base de datos resolverá lo que la impunidad ha perpetuado?”, cuestionó.

El diputado Alejandro Domínguez, del PRI, calificó a su vez de inadmisible que, con el pretexto de la seguridad, Morena se quiera apoderar de los datos personales de los mexicanos para vigilarlos y ejercer un control sobre la sociedad mexicana.

“El dictamen que presenta hoy el oficialismo es una simulación, no atiende las inquietudes reales de las madres buscadoras y familiares de las víctimas, quienes buscan de manera permanente el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, una reparación del daño integral, las garantías de no repetición, que son las que se deben establecer para que la violación a derechos humanos o actos que atenten contra ellos no vuelvan a darse”, remarcó.

KL

Foto de José Antonio López en La Jornada