La Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada en lo general la iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para reformar el artículo 127 de la Constitución Política, sobre el límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

Con 458 votos a favor los legisladores avalaron en lo general el proyecto que plantea regular los montos de retiro de ex-servidores públicos de confianza en entidades y organismos descentralizados como Petróleos Mexicanos (Pemex), Banobras y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los diputados continúan en el Pleno con la discusión del dictamen en lo particular.

En la fundamentación del dictamen, la diputada Haidyd Arreola López, de la Comisión de Puntos Constitucionales, argumentó que la propuesta está «sustentada en corregir la desigualdad y la injusticia de las pensiones», ya que en el país hay un contraste de “pensiones doradas” con pensiones de pesos.

La legisladora explicó que el análisis técnico de la Comisión a este dictamen partió de un diagnóstico: «el sistema de pensiones en México representa profundas desigualdades tanto en el acceso como en los montos percibidos», pues de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2024 las transferencias por jubilaciones en promedio rondan en 4,600 pesos al mes.

En el Pleno, la diputada morenista indicó que, desde una perspectiva constitucional, esta situación contraviene los principios establecidos en los numerales 127 y 134 de la Constitución relativos a la proporcionalidad del gasto público y a la racionalidad de los mismos y el uso eficiente, honrado y equitativo de los recursos del Estado.