A un año de las elecciones judiciales, al menos 200 jueces y magistrados removidos para datr paso a los ganadores de la contienda continúan sin recibir el pago extraordinario previsto en la reforma constitucional aprobada, como compensación por su cese. A pesar de tener entre 15 y 40 años de servicio y sin que mediara una causa grave, los juzgadores se encuentran sin empleo, sin prestaciones y si finiquito. Algunos de edad avanzada o con problema de salud enfrentan también la prohibición de ejercer durante dos años su profesión, en la jurisdicción dnde laboraban. El caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La nota es de Carina García en»Exxpansión Política». Foto de «Milenio».
