Aunque un juez federal concedió una suspensión definitiva a favor del exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, para que se le modifique la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria, la misma deberá ser valorada por la jueza del caso y quien lo vinculó a proceso el 23 de julio.

A la fecha, el panista se encuentra recluido en el penal de El Altiplano en Almoloya de Juárez, al ser acusado, junto a otras siete personas, por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y en materia de hidrocarburos.

En las últimas horas, trascendió que la defensa legal de Ernesto “N” logró que le concedieran un amparo, luego de que durante la audiencia de vinculación a proceso se le negara la prisión domiciliaria por su edad y por enfermedad.

Sin embargo, con el recurso se deberá solicitar una audiencia para el cambio de medida cautelar, pero eso no significa que la juzgadora del caso lo vaya a conceder en automático.

“Y desde entonces sigo a la espera de la confirmación de esta audiencia; desafortunadamente todavía no tengo alguna de cuándo se pueda dar esta audiencia… Es para cambiar la medida cautelar, pues eso es, principalmente”, expresó.

Lo anterior, luego de que la hija de Ernesto “N” acudió junto al líder del partido Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, a visitarlo al penal de máxima seguridad, durante la tarde de este 22 de septiembre.

El imputado admitió que la confianza es baja para lograr el cambio de medida cautelar, pero advirtió que “no podemos quitar el dedo del renglón, en lo legal, eso es un camino que debemos llevar en paralelo, tanto lo político como lo legal”.

El exgobernador y siete personas más fueron acusados de estar en la mayor red relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de hidrocarburos.

El esquema consiste en introducir combustible a México mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, reportar menos de lo que se transporta como si fueran otros productos para evadir impuestos, lo que genera una afectación económica al país y constituye una fuente de ingresos para organizaciones criminales.Baja Cal