La masacre de Ayotzinapa pone a México ante el espejo, son hechos brutales que no pueden ocultar los medios masivos de información ni minimizarse por los poderes formales o facticos. Son tan espeluznantes e impactan en la conciencia nacional que no se pueden obviar o dejar pasar por nadie; lo que se haga o diga al respecto tendrá un impacto significativo. Estas matanzas junto a la generalizada violencia de México no pueden estar ocurriendo en un país normal, con gobierno, leyes, elecciones, prensa y sociedad civil comunes; no, simplemente no, algo está mal, podrido en nuestra nación. Es el sistema.
Imaginemos y hagamos la ruta de la descomposición: un grupo de narcotraficantes domina una región de Guerrero (Iguala), utiliza al Ayuntamiento, controla a la policía municipal, incide en un partido político (PRD), tiene relaciones a más alto nivel gubernamental, realiza negocios legales como empresarios, apoya aspirante electorales, atemoriza a la población y decide en un acto demencial asesinar a un grupo de jóvenes. Todo eso se sabe en la región, sus actividades son del dominio público, incluso hay denuncias penales y políticas interpuestas directamente en la Secretaría de Gobernación y en la Procuraduría General de la República. Pero no se detienen.
Sólo la omisión inepta o corrupta de los gobiernos estatal y federal – ya sabemos que el municipal era parte de la mafia – puede explicar la absoluta impunidad de ese grupo delincuencial. En esa ciudad hay una base militar, existe presencia de policías estatales, algunos medios nacionales han reportado la situación, el narco presidente municipal se retrataba y apoyaba a cuánto personaje lo visitara, entre otras cuestiones presentes. La gran duda sería si nadie supo nada, si se hacían de la vista gorda o si eran partícipes de las actividades delictivas.
De Iguala podemos pasar a cualquier región del país, regado de sangre y violencia, en descontrol gubernamental y en descomposición social. Tiene que ver con la desigualdad social, es muy sencillo que jovencitos sin futuro se involucren como mano de obra barata en el narcotráfico; con la baja calidad de nuestra democracia, con partidos de membrete y votos de despensas o miedo; con una sociedad civil mantenida débil por los poderosos; con una prensa carente de libertad y compromiso con la verdad; con los privilegios de las elites políticas y económicas; con los poderes facticos, que nadie elige , que no rinden cuentas pero que mandan a los más poderes, los formales. Es el sistema.
Las recientes reformas estructurales en su variante política y de gobierno dejaron pasar la oportunidad de abrir al sistema, de renovar los canales de participación ciudadana, de elevar la calidad de nuestra democracia y de mejorar sustancialmente nuestra gobernabilidad. Se hicieron reformas gatopardistas, simuladoras, para mantener el control y asegurar los negocios. La apuesta radica en los pactos del partido oficial y una oposición dócil y corrupta. Prácticamente nos se dejan alternativas a otras formas de pensar y a los intereses populares.
La responsabilidad de la matanza en Ayotzinapa no es exclusiva de los policías municipales, sicarios disfrazados o asalariados del hambre, sobre todo esta en sus jefes mafiosos, los cuales contaban con la complicidad de mandos políticos y militares. La responsabilidad es del gobernador, del Senado, de la diputación, de la prensa nacional y del presidente, entre muchos otros. Es el sistema político, económico y social: corruptos, cerrados, excluyentes, desiguales y propiciadores de todo tipo de delitos. Una sociedad tan desigual hace que la democracia sea una broma; quien va a respetar la ley si los gobernantes llegan al poder utilizando toneladas de dinero. Una simple elección interna en el PRD muestra ese tipo de métodos mafiosos.
En medio de este sanguinario caso quedó el PRD, desdibujándose muy prematuramente su flamante nuevo presidente, quien no ha sabido responder en forma coherente a la crisis que se le vino encima. Este partido está pagando su feroz pragmatismo, sus ambiciones de poder aunque sea prestado, agarrando candidatos de donde sea para para darle sustento a su intrascendente y burocrático liderazgo. El costo que van a pagar será contundente, cada vez más cerca de Los Pinos y lejos del pueblo.
La salida al horror que estamos viviendo depende de la regeneración de nuestra vida pública, de la oxigenación de la débil democracia, de la sacudida decente a la clase política, de canales libres de expresión, de la disminución de los privilegios de las elites y de poner por delante los valores y el reconocimiento al mérito: honestidad, estudio y trabajo.
Recadito: grata sorpresa la masividad de la asamblea informativa del Mopi el 5 de octubre.