La participación de integrantes del Ejército en la ejecución de 22 personas, el pasado 30 de junio, en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, pone en cuestión la capacidad del Ejército, para hacer valer el respeto de los derechos humanos, en las acciones donde participan sus elementos.

A la injustificable conducta de los efectivos de la Fuerza Armada que participaron en esos hechos se añade, eso los agrava, la comunicación del Ejército que en un primer momento, en lugar de reconocer la indebida actuación de los militares implicados, mintió sobre lo ocurrido, lo que se leyó como encubrimiento de la acción criminal.

A finales de septiembre, tres meses después de los hechos, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, reaccionó también mal cuando sostuvo que, de probarse éstos, que sonó a que los ponía en duda cuando la evidencia era abrumadora, sería sólo una acción aislada del Ejército. Estas declaraciones no ayudaron al Ejército y comprometió al gobierno.

Lo anterior, cuando la PGR, ante lo revelado por medios y testigos, había iniciado una investigación que por iniciativa propia debió haber solicitado el Ejército. En este caso se evidenció que los militares y civiles no actuaron de manera coordinada e incluso se contradijeron. ¿Por qué desde el primer momento no salieron juntos a comunicar lo sucedido? ¿Hubo la intención manifiesta de cubrir lo que había pasado?

La PGR después de su investigación ha encontrado culpables a tres de los militares que participaron en las ejecuciones. ¿Son sólo ellos? ¿Los demás no participaron y sólo vieron lo que sucedía? ¿Si fuera el caso no son culpables por omisión? ¿Cuál es la responsabilidad de los mandos? El Ejército y el gobierno, cualquiera que sea el resultado final de la investigación, sufren un duro golpe a su credibilidad e imagen.

El terrible asesinato de seis estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de los mismos, que se piensa están ya muertos, por parte de la Policía Municipal de Iguala, en acción conjunta con el crimen organizado, evidencian la debilidad de las instituciones estatales y municipales y el nivel de infiltración del crimen organizado en algunas zonas del país.

La reacción de la Presidencia de la República fue tardía y en un principio, sin medir la grave dimensión de los sucesos, trató de derivar el problema sólo a la autoridad estatal. Sin duda que el estado y su gobernador tienen responsabilidad, ha sido un gobierno desastroso, pero la sociedad no hace distinción, sino quiere que el gobierno en general haga frente a estas situaciones.

Estos dos lamentables y trágicos hechos que golpean a la sociedad dañan al gobierno en todos sus niveles y generan una mala imagen del país en el exterior, han puesto de manifiesto falta de sensibilidad del actual gobierno en el tema de los derechos humanos, una evidente incapacidad para reaccionar oportunamente y también una deficiente manera de encarar la comunicación.