Las normas jurídicas electorales se caracterizan por su dinamismo, ya que cada proceso electoral arroja experiencias que los legisladores deben reconocer para ajustar las leyes a la realidad. En esa tesitura se encuentra el gobierno veracruzano orientado a sopesar los tiempos en los que tendrá que discutirse la homologación de la legislación electoral del Estado respecto de la Federal. Sobre cuál opción de entre las posibles se escogerá, acaso será el resultado de un cuidadoso análisis en torno a lo que mejor conviene a Veracruz: un gobierno de 2, de 3, de 4 o de 5 años, un periodo legislativo de dos, o regresar a tres el periodo municipal, son las principales opciones. El quid de este asunto es dar con la que conviene al Estado, la que menos perturbaciones económicas y políticas vayan a provocar.
Ninguna dificultad habría para decidir el camino a seguir, pero nuestra democracia e instituciones políticas carecen de madurez y reciedumbre. Debido a la manifiesta dependencia del Poder Legislativo, que sigue ayuno de criterios propios pues trabaja al ritmo que le toquen desde el Poder Ejecutivo y que se sepa no ha diseñado una agenda de discusiones sobre qué opción elegir. Tal circunstancia impide el debate serio, reflexivo en el Poder donde se aprueban las leyes, todo porque en los hechos la función legislativa de sustancia radica en el Ejecutivo, esa es una realidad incuestionable, porque el Poder Legislativo abdicó de sus funciones hace muchas décadas.
Hace meses el Congreso local conoce de dos iniciativas respecto a la homologación, aunque divergentes ambas provienen del Partido Acción Nacional, una de ellas propone un gobierno de dos años, la otra de cinco años. El gobernador no ha emitido opinión respecto de la iniciativa que presentará, si es que la presenta o decide enviarla a través del Partido Revolucionario Institucional. Del PRD no se espera mucho porque ya se sabe a qué consignas obedece, y en todo caso es mejor conocer lo que ofrece la matriz que la sucursal; en el Movimiento Ciudadano ya se han escuchado voces contrarias a la propuesta de una administración bisiesta. El PT, otro partido de oposición, podría sumarse a la mejor propuesta, y los demás, con todo respeto, solo sumarán sus votos, aunque se especula que el Partido Alternativa Veracruzana propondrá para la homologación electoral un gobierno de cinco años.
Ya se conoce la opinión de los senadores veracruzanos: Héctor Yunes Landa propone fundamentos para un gobierno de cinco años como mejor opción, José Yunes Zorrilla rechaza por ser lesivo para los intereses del Estado un gobierno bianual, Fernando Yunes Márquez ya propuso un gobierno de cinco años y la reelección de alcaldes, lo que obligaría a retrotraer a tres años el periodo municipal.
En tiempos del gobernador Patricio Chirinos se reformó la Ley electoral con el propósito de homologar las elecciones del Estado con una federal; en esa lógica, para la elección de gobernador e integrantes del Poder Legislativo del Estado en 1998, la Ley determinó la integración de una Legislatura local de dos años (de 1998 al 2001). En consecuencia, en 2000 se celebraron elecciones ya homologadas de legisladores federales y alcaldes en la entidad, se eligió presidente de la república, y se dispuso que, por única vez, los ediles permanecerían en sus cargos cuatro años. Así, en 2004 habría elección de gobernador, de alcalde y de legisladores, tres en uno.
Está claro que las circunstancias y los intereses partidistas influyen en la elaboración de las leyes. Con la homologación de los comicios de alcaldes y de gobernador se adquirió un grave expediente que operó contra el candidato a gobernador, sobre todo al del PRI, pues le adjuntó una carga adicional al atender simultáneamente los riesgos de su candidatura y a la vez ocuparse de escoger los candidatos de su partido a las alcaldías. La coyuntura generó un factor de riesgo al candidato priista al gobierno, pues quienes no alcanzaron la postulación emigraron a otros partidos a jugarle la contraria. Recuérdese la angustiosa transición de 2004, cuando el PRI estuvo a punto de perder el gobierno, una hipótesis que no se concretó gracias a la experiencia electoral, a la dinámica movilidad del candidato y al abierto respaldo del gobierno del estado. No evitó sin embargo la debacle en la Legislatura y en el número de alcaldías que se perdieron frente a priistas convertidos en opositores.
Ahora, en el presente contexto, ¿qué elección local se escogerá para homologarla con la federal? De entrada, es de subrayarse que no necesariamente debe ser la de gobernador, nada lo obliga, aunque tampoco es descartable porque es posible. Entonces ¿se optará por una legislatura de dos años? ¿O regresará a tres el periodo de alcaldes y adicionalmente se aprobará su reelección? Dadas las condiciones económicas y políticas por las que atraviesa el estado, escoger la elección de un gobernador por dos años sería de un severo impacto económico para la entidad, es la opción de más elevado costo político y riesgo electoral para el PRI. Además, será interesante conocer el argumento de peso que esgrimiría el PRI o el gobierno en su propuesta, porque cuando se impulsó la ampliación del periodo municipal de tres a cuatro años la tesis dictaba que tres años por su brevedad no bastaban a los alcaldes, ¿le bastarán dos a un gobernador?
Hay quien idea tomar como referencia que Fernando Gutiérrez Barrios fue un gobernador de dos años, y aducen sin que haya constancia de ello “una gran obra”. Pero no hubo tal, sin duda aplicó su experiencia en materia de seguridad pública y detuvo la escalada de violencia, pero en cuanto a obra pública aparte de la carretera a Alto Lucero no tuvo ocasión de concluir ninguna otra, ese es un hecho histórico documentado.
Por las razones de todos conocidas, desde 2004 a la fecha Veracruz no transita por derroteros de progreso, las estadísticas avalan este aserto y el ruinoso inventario de la infraestructura carretera de Veracruz es constancia fehaciente. De aquel año a la fecha la suma de los presupuestos de gobierno asciende a cifras cercanas al billón de pesos, aunque no tan estratosférica es la destinada a gastos de inversión, a programas de desarrollo social, de cualquier manera son miles de millones de pesos que se supone fueron aplicados a ese propósito, en ese orden ¿quién pudiera aseverar los beneficios tangibles para la población de los 212 municipios veracruzanos? Luego entonces, desde este enfoque, es irrebatible que un gobierno de dos años es la menos viable de las alternativas existentes porque prolongaría invariablemente las circunstancias descritas.
Por lo demás, este es solo un ensayo especulativo, desde una perspectiva ciudadana que construye un análisis fundado en la hipótesis de una decisión local, una suposición que pudiera reñir con lo que sobre el particular tenga pensado el gobierno del centro, y porque donde gobierna capitán no gobierna marinero.
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16-noviembre 2014.